El día de ayer, en San Lázaro, se aprobaron cambios constitucionales al artículo 11 y 73 de la Constitución Política, que podrían permitir a la autoridad frenar las manifestaciones que desde la desaparición de los 43 normalistas el pasado 26 de septiembre, se han acrecentado en distintos puntos del país.
Tras dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, en un ambiente de fuertes protestas y reclamos ante un gobierno que la mayoría de los ciudadanos califica de “incompetente y corrupto”, el martes pasado se aprobó con 292 votos a favor, 100 en contra y una abstención, las reformas a los artículos 11 y 73; iniciativa que algunos legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano han calificado como una “ley antimarchas”.
En el artículo 11 se establece que “el Estado garantizará el derecho de todas las personas a la movilidad universal atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”. Mientras que al artículo 73 se le añadió que el Congreso deberá expedir una ley secundaria sobre movilidad universal. Se prevé que la Ley General de Movilidad esté lista en 180 días.
El diputado del PT, Ricardo Cantú Garza advirtió que esta reforma y las leyes secundarias que de ella deriven, para supuestamente garantizar la libre movilidad de los ciudadanos, no son más que un pretexto que en realidad pueden ser utilizadas para inhibir el derecho de la libre manifestación de todos los ciudadanos.
Sin embargo el panista Marcos Aguilar, quien promovió las reformas, negó que éstas se contrapongan a la libre manifestación.
“Debo señalar que el derecho a la movilidad universal no se contrapone con el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el libre tránsito o el derecho de reunión o manifestación. La movilidad no pugna con el ejercicio de estos derechos, pues quienes viven y transitan en zonas rurales y en las grandes ciudades, tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público.
“No se puede sacrificar un derecho por encima de otro, por lo que la legislación que llegará a expedirse, deberá regular la actuación de la autoridad para permitir su ejercicio armónico, implementando planes y procedimientos operativos adecuados, para facilitar el ejercicio del derecho de reunión sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad universal”, comentó el diputado del PAN.
Por su parte, diputados de izquierda mostraron su inconformidad ante las nuevas reformas, ya que consideran que éstas pueden ser en realidad utilizadas como “coartada” para limitar el derecho a la libre manifestación, tal como dijo la perredista Amalia García.
“Hace un año el país era otro, hoy estamos en una situación extremadamente delicada, y a la luz de lo sucedido hoy en las manifestaciones, en el PRD estamos en contra… Se deben respetar los derechos humanos, la libertad, el respeto a la libre expresión. Hay ya artículos en la Constitución que son el centro y le dan la fuerza a estas libertades”, afirmó la perredista.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano, señaló que esta ley puede ser coartada para la represión y para detener el derecho legítimo del pueblo a manifestarse. Añadió también que el dictamen es inoportuno debido a la situación del país en el que se viven “intensas movilizaciones sociales, de enojo frente a las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad y la caótica situación económica”.
Foto por Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.
A partir de que la ley general entre en vigor, las legislaturas de los congresos locales tendrán un plazo de 60 días para adaptar sus leyes de acuerdo a ésta y a la reforma constitucional.
“Quienes viven y transitan en las grandes ciudades tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público que el que tienen las personas que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en el marco de una manifestación, por tanto el Estado buscará mecanismos alternativos para el disfrute de dicha garantía”, dice el dictamen aprobado y enviado al Senado.
Si bien aún no hay una legislación que prohíba la libre manifestación en el país, estas modificaciones a los artículos constitucionales podrían significar que el Estado controle, a través de una ley general, el derecho a la movilidad. Es decir que con la reforma al artículo 11, el Estado podrá controlar “las manifestaciones a su libre arbitrio, los lugares o espacios a los que podrá llegar este tipo de movimientos”, dijo la diputada del PRD Aleida Alavez Ruiz. Añadió que en el caso del artículo 73, el Congreso de la Unión podrá expedir una ley que permita el control de las marchas.
“No es el momento político para aprobar este dictamen, no abonemos más a la crispación social. México enfrenta una crisis de Estado, seamos responsables y cerremos el paso a la tentación de reprimir las manifestaciones sociales pacíficas, que en estos días se registran en las calles”, concluyó.
El dictamen se envió al Senado de la República, donde será discutido nuevamente.
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Con información de Aristegui Noticias y Proceso
