Tras la denuncia de los 300 sacerdotes que abusaron de más de mil víctimas menores de edad en Pensilvania, aún queda mucha documentación disponible para descubrir parte de los procedimientos y reglas que la Iglesia Católica ha impuesto cuando se trata de encubrir a sacerdotes pederastas.
En el reporte que el Gran Jurado publicó, se constata que el objetivo final de cada diócesis en los casos de abuso sexual no era ayudar a los niños, sino evitar a toda costa el escándalo. Bajo esta premisa su actuar era prácticamente el mismo, por lo cual investigadores del FBI encontraron rápidamente un patrón que podría hablar de un protocolo establecido cuando estos casos surgían en cualquier diócesis.
Los agentes del FBI determinaron este protocolo, el cual traducimos de manera literal, englobando siete prácticas comunes; el propio jurado las define como un «libro de jugadas»:
Primero, asegurarse de usar eufemismos en lugar de las palabras reales para describir las agresiones sexuales en los documentos de la diocesis. Nunca decir “violación”; decir “contacto inapropiado” o “problemas de límites”.
Segundo, no conducir investigaciones genuinas con personal entrenado. En lugar de ello, asignar a miembros del clero para que realicen preguntas inadecuadas y luego hacer determinaciones creíbles acerca de los colegas con los que viven y trabajan.
Tercero, para lograr una apariencia de integridad, enviar a los curas a una “evaluación” en los centros psiquiátricos llevados por la Iglesia. Permitir que estos expertos “diagnostiquen” si el cura era o no un pedófilo, con base en los “autoreportes” de los curas, y sin importar si el cura sí tuvo contacto sexual con un niño.
Cuarto, cuando un cura sí debe ser removido, no decir por qué. Decirles a sus feligreses que está en una incapacidad por “enfermedad” o sufriendo de “agotamiento nervioso”. O no decir nada en absoluto.
Quinto, incluso cuando un cura está violando niños, seguir proveyéndole casa y gastos de manutención, aunque pueda estar utilizando estos recursos para facilitar más agresiones sexuales.
Sexto, si la conducta de un predador [sexual] se vuelve de conocimiento público entre la comunidad, no removerla del sacerdocio para asegurar que no más niños serán victimizados. En lugar de ello, transferirlo a una nueva locación donde nadie sabrá que es un pederasta.
Finalmente, no decirle absolutamente nada a la policía. Abuso sexual de menores, incluso con alguna penetración, es y ha sido un crimen. Pero no lo traten de esa forma, trátenlo como un asunto personal, “en casa”.
Una vez más esto confirma algo que ya sabíamos: la Iglesia Católica ha solapado por décadas a sus sacerdotes pederastas. De hecho, más que solapar, se trata de una defensa y un encubrimiento sistemático, en el cual se rehusan a expulsar del sacerdocio a aquellos que ya han sido identificados como pederastas, incluso en el mismo reporte se explica casos en los que se considera que los curas sufren un gran trauma que podrán superar.
Después de esto —y los cientos de casos que probablemente surgirán en próximos años— sigue quedando en duda por qué la Iglesia no tiene una postura mucho más dura y contundente en contra de los pederastas y por qué hasta ahora sólo se ha contentado con hacer tibias declaraciones o incluso, evitar la polémica con el silencio.
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