Este artículo fue publicado originalmente por Alejandro I. López el 21 de diciembre de 2018 y ha sido actualizado por Cultura Colectiva.
«¡Que quede claro: en Chiapas no habrá guerra!», manoteaba Ernesto Zedillo la tarde del 13 de diciembre de 1994 ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tres meses atrás, el otrora presidente aprobaba en secreto el Plan de Campaña Chiapas 94, un manual de acción elaborado por la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para acabar de tajo con la influencia zapatista en el estado del sureste mexicano con cuatro estrategias principales: la ofensiva militar, el control y la censura de los medios de comunicación, el desplazamiento forzoso de las bases de apoyo rebeldes y “la organización secreta de la población civil para apoyar operaciones”; es decir, la formación de grupos paramilitares. Tal es el primer capítulo de una tragedia.
Preparando el terreno
El 9 de febrero de 1995, el estado mexicano sentó las bases para el inicio de una ofensiva coordinada entre el ejército y grupos paramilitares. Esa tarde, el entonces procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, anunció órdenes de aprehensión contra quienes consideraba los líderes del movimiento zapatista, acusándolos de: sedición, terrorismo, motín, conspiración y uso de armas exclusivas del ejército. Al mismo tiempo, Lozano Gracia instó a la PGR a la «localización y detención de los presuntos responsables». En menos de 24 horas, Chiapas se convirtió en zona de sitio sin declaración oficial.
«Yo estaré esperando 24 horas al día, todos los días, todas las semanas, todos los meses que sean necesarios, para iniciar ese diálogo bajo condiciones dignas, de respeto, de tolerancia. No a la violencia. Sí a la paz. Sí al diálogo. Sí al entendimiento entre los mexicanos», sentenciaba Zedillo, al mismo tiempo que iniciaba una segunda fase de militarización en Chiapas: los 30 mil efectivos movilizados desde el 1 de enero de 1994, aumentaron en número a 70 mil para principios de 1997.
Con el Plan de Campaña Chiapas 94 en marcha, el surgimiento de grupos paramilitares y el cerco militar con especial presencia en la zona de los Altos de Chiapas, la tensión y el acoso a las comunidades se convirtió en una guerra de baja intensidad, que finalmente explotó de lleno mostrando la naturaleza de la estrategia oficial días antes de terminar 1997.
La máxima de la Campaña de «organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones» había rendido frutos y con adiestramiento militar de estos grupos, estaba a punto de sumar todos los ingredientes para una masacre.
La masacre de Acteal
A lo largo de 1997, los ataques contra bases zapatistas se habían incrementado y el tráfico de armas era alarmante en la entidad. Las comunidades de Yaxemel, Majomut y Chimix habían sido atacadas con anterioridad, mientras más campamentos de adiestramiento tomaban lugar entre octubre y diciembre del mismo año. Los programas sociales eran utilizados como mecanismos de coacción y la labor de inteligencia en la zona iba desde elaborar listas de habitantes, hasta marcar casas de simpatizantes rebeldes.
La mañana del 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles de la comunidad de Acteal en el municipio de San Pedro Chenalhó fueron asesinados mientras rezaban dentro de una iglesia. Un grupo de paramilitares había irrumpido en Acteal, dejando un saldo de 16 menores de edad, 20 mujeres (7 de ellas embarazadas) y 9 hombres muertos.
El grupo fue identificado como Máscara Roja, formado por el Partido Revolucionario Institucional y adiestrado por el Ejército Mexicano desde que estalló el conflicto en Chiapas. Algunas investigaciones afirman que para 1999, existían al menos 12 bandos que actuaban de forma coordinada en 20 municipios del estado.
La escena para los primeros periodistas que llegaron al lugar no daba espacio para la duda: se trataba de una masacre. Cuerpos mutilados, otros más golpeados hasta la muerte o ultimados con armas de fuego. El blanco fueron integrantes de Las Abejas, un grupo comunitario que se unía a las demandas del zapatismo, pero predicaba el pacifismo y la oración.
Otro crimen de estado impune
Después de la masacre, el escenario no hizo más que recrudecer. En palabras de Adrián Galindo de Pablo en su investigación sobre el paralitarismo en Chiapas: «Inmediatamente después de la matanza el despliegue militar se desdobló en mayor escala: retenes en las carreteras, cateos en viviendas, detenciones arbitrarias, patrullajes constantes y establecimiento de nuevos campamentos militares, todo como parte de una estrategia con dos objetivos: intimidar y penetrar a las comunidades, a la vez que se hacía parecer frente a la opinión pública que el Gobierno estaba tomando cartas en el asunto».
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Actualmente y después de un sinfín de inconsistencias, demandas e iniciativas de Derechos Humanos para esclarecer el caso, se ha deslindado de responsabilidad a 82 de las personas acusadas por cometer la masacre. El estado mexicano y la sociedad civil cargan una deuda insalvable con los pueblos indígenas, a la que se suma el sangriento episodio de Acteal, otro crimen de estado.
Sin embargo, el 4 de septiembre de 2020 a 22 años del suceso, en la Secretaría de Gobernación el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por la masacare de Acteal del 22 de diciembre de 1997. En palabras de Alejandro Encinas, actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración:
«Nunca más otro Acteal, queremos un México diferente».
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