“Nosotros, los miembros de este gran jurado, necesitamos que lo escuchen. Sabemos que algunos de ustedes ya escucharon algo de esto anteriormente. Han habido otros reportes sobre abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Pero nunca a esta escala. Para muchos de nosotros, esas historias anteriores pasaron en otros lugares, lugares lejanos. Sin embargo, ahora sabemos la verdad: pasó en todos lados”.
Éste es el párrafo inicial del reporte presentado este martes por el gran jurado de Pensilvania con más de mil páginas en las que se describe cómo más de 300 sacerdotes abusaron de niños durante más de siete décadas, y si el caso no podía ser aún más indignante, cómo los altos funcionarios de la iglesia hicieron lo posible por encubrir a aquellos sacerdotes pederastas e incluso cómo algunos han sido ascendidos en la jerarquía eclesiástica.
[Theodore McCarrick, cardenal que semanas antes presentó su renuncia tras ser acusado de abusar sexualmente de niños y adultos desde hace décadas].
El número de víctimas reportadas asciende a los mil niños, lo cual coloca a este reporte como el caso más grande que una agencia de gobierno ha perseguido. No obstante, una de las cosas más desalentadoras y que más enfado puede provocar es que la cifra real es muchísimo más alta, puesto que durante años la Iglesia ha convencido a diversas víctimas —y sus familias— a no denunciar, así como aquellas que simplemente por otros motivos decidieron no hacerlo. Asimismo, la institución realizaba sus propias investigaciones, mismas que evidentemente tenían como objetivo evitar el escándalo.
El mismo reporte indica que los oficiales eclesiásticos tenían un manual a seguir, por ejemplo en lugar de utilizar palabras como «violación» ésta era reemplazada por «contacto inapropiado», o bien cuando un sacerdote era removido de su puesto no se informaba la razón real (una acusación de abuso sexual); no se asignaban a expertos para realizar las investigaciones; se les seguía dando hospedaje y dinero para sus gastos; en caso de que se supiera que algún párroco había cometido un abuso, nunca se debía expulsarlo de la diócesis, simplemente bastaba con reubicarlo a un lugar donde nadie supiera los alegatos de abuso sexual; no contactar a la policía, entre otras recomendaciones más.
[Josh Shapiro, fiscal general de Pensilvania].
El reporte involucra a seis de las ocho diócesis del estado de Pensilvania, nombra a cada sacerdote acusado de abuso sexual, así como las descripciones de sus abusos y los medios con los que lo conseguían como darles alcohol, pornografía y muchos de ellos obligados a cometer actos sexuales. En ese sentido Josh Shapiro, el fiscal general de Pensilvania, menciona en una entrevista para la PBS NewsHour que:
«Vimos a los sacerdotes católicos convirtiendo su fe en un arma, utilizando la fe como una herramienta para el abuso y todos […] los obispos, monseñores y cardenales lo encubrieron».
Ésta se suma a miles de denuncias alrededor del mundo sobre el abuso sexual infantil por parte de miembros de la Iglesia, especialmente la católica, misma que tiene un largo expediente de encubrimientos de aquellos sacerdotes depredadores. Al tiempo que la respuesta desde el Vaticano ha sido tibia, provocado una y otra vez el enojo y la movilización de miles de víctimas, además de organizaciones de derechos civiles y asociaciones que exigen la reparación del daño por autoridades legales y una acción enérgica desde la cabeza de la Iglesia Católica.
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