El pasado septiembre, la caja de un tráiler apareció, de la noche a la mañana, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Los pobladores habían reportado que esta expedía un olor fétido, insoportable. Entonces, los medios locales revelaron que se trataba de un contenedor con 150 cadáveres, “el tráiler de la muerte”. Poco después, los medios locales revelaron el hallazgo de un segundo tráiler.
Poco después, laFiscalía del estado de Jalisco reconoció que la capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) estaba completamente rebasada, así que tuvieron que rentar un vehículo para poder resguardar los cadáveres. En la columna “Ideas” de El Informador, Carlos Loret de Mola reveló que el gobernador de la entidad, el priísta Aristóteles Sandoval, no quiso pagar 70 mil pesos para el combustible que mantendría al tráiler con la refrigeración suficiente para preservar los cadáveres.
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(Foto: Twitter)
Y eso, inevitablemente, provocó no solo que los cadáveres se descompusieran más rápido que si hubieran estado donde les correspondía, en sitios dignos y adecuados, sino que terminó en que los cadáveres quedaran irreconocibles por el estado de putrefacción en el que se encuentran.
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De acuerdo con El Universal, es imposible que se logre la identificación de 85 de ellos, señaló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) durante la presentación de su informe especial y la recomendación por esta crisis forense.
(Video: El Heraldo vía YouTube)
El texto explica que esto es consecuencia de que los cuerpos no tuvieran “las condiciones adecuadas de preservación ni de almacenamiento, lo cual provocó que se borrara cualquier dato que pudiera relacionarlos con la fecha de ingreso, el lugar de los hechos o el hallazgo, la carpeta de investigación, averiguación previa o acta ministerial o las causas de la muerte”.
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La comisión también sentenció que la actual administración no ha solventado las malas prácticas, por lo que podría generarse una crisis similar a la que surgió con el gobierno pasado. Estamos anticipando otra crisis similar si no se actúa de inmediato. En la actual administración se acumulan ya 450 NN en la zona metropolitana”, señaló el titular de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón.
(Foto: Uno TV)
Asimismo, la comisión explica que existe una “cadena de negligencias” que inicia con las autoridades que localizan los
cuerpos de personas no identificadas, continúa en el IJCF, donde se supone se deberían realizar las pruebas periciales adecuadas, y termina en las actuaciones de los agentes ministeriales encargados de búsqueda de personas.
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