Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que el gobierno federal presentará una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales por la “campaña negra” contenida en el documental Populismo en América Latina, difundido durante el proceso electoral del año pasado.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, será el encargado de presentar el caso, fundamentado en la ley en materia de delitos electorales, la cual prohíbe el financiamiento ilícito en campañas, que se usen recursos procedentes de la delincuencia organizada, así como que se hagan aportaciones mayores a la ley y que determinadas personas financien una campaña electoral.
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AMLO y Santiago Nieto detalló. (Foto: Presidencia)
Las empresas que se identificaron son Grupo TV Promo y TV Promo, que participaron en dicha campaña negativa. Asimismo, uno de los accionistas de estas firmas fue apoderado legal de Telepersonal, firma resultante de la fusión de Radar Comunicación y Mercadotecnia y Radar Servicios Especializados de Mercadotecnia; la primera relacionada con la creación de spots y la segunda partícipe de una campaña a favor del expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Nieto, entre abril y julio de 2017, Grupo TV Promo recibió ingresos por casi 48 millones de pesos por parte de Bufete de Proyectos de Información y Análisis, el cual registra como accionistas a dos personas relacionados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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Durante su conferencia mañanera, AMLO dijo que nunca más sucederá un fraude electoral “de los que se ha padecido históricamente”.
Mediante la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, los ‘mapaches electorales’, que tenían el apoyo del gobierno y de la policía, irán la cárcel sin derecho a fianza, como sucederá con quienes roben combustibles.
Obrador remarcó al importancia de que en este sexenio quede establecida “la verdad, la democracia y el respeto a la voluntad de los ciudadanos”, para lo que se debe poner fin a la “guerra sucia”, el financiamiento “ilegal”, la compra de votos y el “fraude electoral”.
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