En México es necesario replantear las políticas públicas que alrededor de las drogas. Así lo defienden organizaciones civiles, académicos, politólogos y funcionarios públicos que pugnan por una legislación que no se base en la criminalización de consumidores y, en la mayoría de los casos, tampoco de los productores.
Este tema se pondrá sobre la mesa en la VII Conferencia Latinoamericana y II Conferencia Mexicana de Drogas, a realizarse del 29 al 31 de octubre en el hotel Sheraton Maria Isabel, de la Ciudad de México, sí justo un mes antes del cambio de gobierno en México.
La coincidencia de la #Confedrogas2018 con la postura a favor de la legalización por parte de funcionarios del próximo gobierno, como la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien estará presente en este debate sobre el tema, provocarán el momento ideal para impulsar polítcas a favor de la legalización.
Amaya Ordorika, es integrante de ReverdeSer, colectivo integrado por jóvenes consumidores que, desde hace siete años, trabaja en el desarrollo de estrategias que toman como eje central a las personas y sus entornos comunitarios, por encima de la sustancia, resume que la política de drogas que se ha implementado en México es simple: criminalización.
Cada sustancia es distinta, y sin embargo, en todas se aplica la misma política, que es la de la prohibición y la criminalización.
Regular el mercado de sustancias podría beneficiar a cultivadores de amapola y a la industria de medicamentos nacional (Foto: especial)
Por eso, el sentido de la Conferencia es el de compartir experiencias internacionales y plantear soluciones a los problemas que se derivan del comercio y el uso de sustancias, pero desde una perspectiva que no es de “buenos” y “malos”.
Para ilustrar por qué es necesario dejar de asumir la producción y el consumo de sustancias como una actividad criminal, pone de ejemplo a las comunidades de cultivo de amapola, en la Sierra Madre Sur de Guerrero. Explica que, si bien el cultivo es común y que hay comunidades que se mantienen de ello, sus integrantes están imposibilitados para establecer precios dignos y justos debido a la falta de regulación.
Desde inicios de este año, los campesinos alertaron a medios como El Sur de Guerrero que el precio de la goma de opio iba en picada. Si en 2016 el kilo de goma se costeaba en 30 mil pesos, en febrero de 2018 se compraba entre siete u ocho mil pesos. Sobre este fenómeno, Ordorika indica:
Cuando hablamos de tráfico de sustancias, se piensa en Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. La realidad es que ‘El Chapo’ no representa la realidad de la gente que participa en esos procesos. Son una minoría marginada socialmente, que pertenece a comunidades cuya seguridad no está garantizada. Si existiera una regulación en el cultivo de la amapola, las comunidades que se dedican a eso podrían integrarse al mercado interno de medicamentos. De esta manera, se daría empleo seguro a los campesinos, ellos tendrían el control de sus precios y tendríamos medicamentos hechos con cultivos propios, lo cual resulta más barato que importarlo.
La realidad sobre la producción y venta de sustancias es la criminalización, algo muy distinto a la que dicta el imaginario popular. (Foto: especial)
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Una discusión necesaria
No es casual que en su séptima edición, la Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas tenga a México como sede. Los organizadores de este evento, que desde 2009 se realiza en diversos países de América Latina, consideran que el triunfo de la izquierda en las elecciones del 1 de julio son una buena señal para transformar las acciones gubernamentales en torno a las drogas.
Desde hace varios años la sociedad civil se organiza para lograr una regulación sobre las drogas que no criminalice al consumidor (Foto: especial)
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La conferencia ocurre en un momento clave, donde hay muchas expectativas en la sociedad mexicana, con la asunción al gobierno de AMLO.
Así lo dice Pablo Cymerman, psicólogo de la Universidad de Buenos Aires y Coordinador del Comité Organizador de la Conferencia sobre Política de Drogas, quien dice sobre la la Guerra contra el narcotráfico, que fue sello del gobierno del ex presidente Felipe Calderón:
Las políticas represivas, lejos de lograr los resultados que esperaban, tuvieron consecuencias peores. México es un ejemplo. Su Guerra contra las Drogas aumentó el número de muerte y se vinculó con problemas de violencia relacionados con la producción y el traslado de drogas ilícitas.
Esta opinión la comparte Isabel Errenguerena, coordinadora del Área de Políticas Públicas de la organización Equis Justicia para las Mujeres, quien destaca que la transición gubernamental en el país permite virar de una política prohibicionista y punitiva, a una que se comprometa al resguardo de los derechos humanos.
En nombre de una política antidrogas se ha justificado la violación de los derechos humanos y se ha promovido la desigualdad de género.
Errenguerena brinda algunos datos: de acuerdo con la Organización Equis Justicia, 43% de las mujeres que fueron privadas de su libertad en procesos del fuero federal, fueron acusadas por delitos contra la salud. La cifra ha presentado un aumento porcentual de hasta 103% en el fuero común, sin tomar en cuenta si padecieron coerción o si fueron orilladas por situaciones de pobreza.
Tenemos que definir cómo se regulan las drogas, a quién se sanciona y quiénes son los usuarios.
Discusión internacional
En 2009, los países miembros de la ONU se comprometieron con un Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas. A una década de su implementación, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDCP) advierte que la estrategia ha fallado en su objetivo de erradicar el tráfico ilegal de sustancias.
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Por el contrario, en países como México, estas políticas se traducen en el homicidio doloso de más de 150 mil personas y la desaparición de 32 mil. Dice Pablo Cymerman:
En un contexto donde los países discuten cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, resulta ridículo. Si se insiste en que queremos un mundo libre de drogas, pero en el mundo hay cada vez más drogas, se debe a una de dos: o nos confundimos en el objetivo que tenemos o el resultado es malo.
De acuerdo con el coordinador, en los diez años que se ha llevado a cabo la Conferencia sobre política de Drogas, las discusiones han promovido un cambio en la discusión de las políticas de países sede como Argentina, Costa Rica, Colombia y República Dominicana.
Nosotros promovemos una solución que no sea una guerra contra las drogas, sino una política de paz. Una política eficaz de drogas no se debería evaluar por la cantidad de droga legalizada sino por la reducción de homicidios vinculados con el comercio de las sustancias.
La Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas es un espacio de discusión internacional (Foto: Adrián Pietryszyn)
Entre los ponentes que estarán presentes en los tres días de la conferencia, destacan la ex ministra y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el diputado por Morena en San Luis Potosí, Pedro César Carrizales “El Mijis”; y el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Diego Couto.
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