Según datos de la Fiscalía General de Jalisco, hasta febrero de este año se contabilizaron 125 casos de homicidio doloso por las que se abrieron 114 carpetas de investigación. Pero frente a marzo, el número parece poco escandaloso, pues tan sólo en ese mes se contabilizaron 60 casos más, por lo que hasta ahora hay más o menos unos 300 asesinatos sin resolver en el estado en lo que va del 2018.
El caso de Jalisco es tremendo si pensamos que además de los homicidios hay cerca de 5 mil desaparecidos desde hace una década. Según datos del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad), de enero de 2008 a diciembre de 2017 se denunciaron 22 mil 415 personas desaparecidas, de esas 17 mil 425 se encontraron —vivas o muertas— y el resto sigue en calidad de desaparecidas.
Marcha del 22 de marzo en Guadalajara por los desaparecidos. (Foto: Unión Jalisco)
En el mandato actual del gobernador Aristóteles Sandoval, la crisis de violencia en el estado se ha agudizado, así como en todo el país. Pero los datos no son aleatorios ni excusables. Menos si el arranque de este año es el más violento desde 1997, promediando casi 100 asesinatos por mes.
En el marco de las próximas elecciones y después del escándalo mediático por la desaparición de tres estudiantes de cine y uno de medicina (este último se encontró muerto días después de su desaparición), los reflectores siguen sobre Jalisco, que desde finales del 2016 se ubica dentro de la lista de los estados con más violencia en el país, sólo por debajo de Guerrero, Baja California, Chihuahua y Sinaloa, con unos 7 homicidios por día.
El cártel Jalisco Nueva Generación pasó de ser una mafia local a líderes regionales en delincuencia de 2011 al 2013. (Foto: UN1ÓN Jalisco)
Las contiendas electorales han sido en los últimos sexenios no sólo cosa de urnas y votos, sino de casquillos. Dato digno de atención pues Jalisco es el cuarto estado con más electores del país, más de 5 millones 260 mil votantes, de los que 45 por ciento son jóvenes menores de 35 años hacen que el panorama electoral sea complejo y susceptible a volteretas en las tendencias de voto. Más si reparamos en que el panorama cotidiano no es alentador para una población cuya ola de violencia tiene concentrada la atención en el narcomenudeo, tiros de gracia, bolsas con restos humanos y disputas por territorios de cárteles.
Las estadísticas colocan a Jalisco como punto clave en la democracia nacional y como uno de los semilleros políticos con más innovación (ahí está el caso de Pedro Kumamoto). Pero esas mismas estadísticas tiemblan cuando el indicador de violencia marca un aumento del 49.5 por ciento de incidencia de asesinatos tan sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Dato contra el que los siete aspirantes a gobernador de Jalisco (Carlos Lomelí Bolaños de Morena-PT; Carlos Orozco Santillán del PRD; Enrique Alfaro Ramírez de Movimiento Ciudadano; Martha Araiza de Nueva Alianza; Miguel Martínez Espinosa del PAN; Miguel Castro Reynoso del PRI y Salvador Cosío del Verde Ecologista) tendrán que lidiar como prioridad de acción si es que ganan la elección.
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