Existen dos versiones sobre la detención de la maestra Mónica García, dueña del Colegio Rébsamen, que colapsó tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, la oficial asegura que se trató de un operativo llevado a cabo por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y la de su ex abogado, que afirma que se entregó.
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La situación comenzó a verse llena de contradicciones desde que el sábado 11 de mayo, día de la detención de Miss Mónica, como se le decía en el colegio del que era dueña, según su ex representante legal, Javier Coello Trejo, dijo a Foro TV y Milenio Televisión, que “la maestra me llamó para decirme que estaba en el palacio de gobierno para entregarse, eran las 10 de la mañana”.
Sin embargo, el lunes Ernestina Godoy, titular de la Procuraduría de Justicia de la CDMX, aseguró que la detención fue producto del trabajo de inteligencia y principalmente producto de una serie de operativos que se llevaron a cabo tras la llegada de información sobre el posible paradero de la maestra Mónica.
La procuradora aseguró, en ese momento, que desde que se había dado a conocer el monto de la recompensa para quien diera información sobre el paradero de la dueña del Rébsamen, las autoridades tuvieron varios avisos de lugares en los que se montaron operativos que no dieron resultados, hasta el del sábado.
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Además dijo que el pago de los cinco millones de recompensa se estaba analizando, ya que fue por un correo electrónico que pudieron llegar al restaurante ubicado sobre Calzada de Tlalpan, en donde habría sido detenida Miss Mónica.
Hasta ahí la versión oficial de las autoridades de justicia locales, sin embargo, el abogado Coello, que llevaba el caso de Mónica García no ha desmentido su versión, por el contrario, emitido un comunicado en el que asegura que “debido a que no existen condiciones de comunicación necesarias (entre él y su cliente) no seguirá representando jurídicamente a la duela del colegio Rébsamen.
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En un comunicado emitido por el despacho jurídico Coello Trejo y Asociados S.C., los juristas aseguran que “fue una desición personal de la profesora y su familia, derivado de las negociaciones que tuvieron con un subsecretario de gobierno de la CDMX y un diputado local (sin conocer los nombres). No tenemos conocimiento de los términos o alcances de tal negociación, tampoco lo relacionado con el destino de las inusitada recompensa propuesta por la procuraduría por medio del Acuerdo A101/2019, el pasado 30 abril”, señala el escrito.
El documento señala que la recompensa debía de ser parte de la reparación del daño a las víctimas, además los abogados le plantearon la conformación de un fideicomiso relacionado con los terrenos donde estaba localizado el colegio para que también formaran parte de la indemnización, “sin embargo, desconocemos el por qué no respaldaron tal posicionamiento ante este Despacho Jurídico”.
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