En 2015, padres de familia que tenían inscritos a sus hijos en la secundaria Nicolás Bravo de Xochihuehuetlán, Guerrero, presentaron una demanda contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) por violar el artículo 3o constitucional y prestar un servicio deficiente.
Sin agua, luz, sanitarios, bardas o mobiliario es como “operaba” la secundaria con más de 100 alumnos inscritos. Los “salones” en los que alumnos de primero a tercer grado tomaban clase se resumen como improvisaciones de madera, láminas, carrizo, alambre y sarapes.
Esta demanda contra las autoridades federales, estatales y municipales es la primera tramitada en toda la historia bajo la figura de Acción Colectiva en Sentido Estricto, y lo que significa es que se busca proteger el derecho de un grupo de personas frente a uno o varios proveedores.
Salón de la secundaria Nicolás Bravo de Xochihuehuetlán, Guerrero. (Fuente: Animal Político/Aprender Primero)
Como respuesta a dicha demanda, las autoridades de la SEP hicieron algunos arreglos provisionales y después se ampararon. Los arreglos, en los que según el Secretario de Educación de Gerrero, José Luis González, se invirtieron tres millones y medio de pesos, consistieron en construir cuatro salones, una plaza cívica y unos baños. Pero hasta la fecha, según le dijeron los abogados de los demandantes a Andrea Vega, reportera de Animal Político, la escuela sigue sin servicios de drenaje, agua y luz.
Con este argumento, la demanda sigue su curso, pues aunque se asegura que se hicieron trabajos de mejora, el Estado sigue sin dar garantía educativa pues la normativa aplicable al caso dicta que las instalaciones escolares deben cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad y pertinencia, cosas que en Xochihuehuetlán no se cumplieron en todo este tiempo.
Mientras, padres y alumnos se han asesorado con la organización aprender primero, quienes les han ayudado a presentar y dar seguimiento a las demandas contra la SEP a nivel federal, lo que incluye al presidente de la República, al gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Guerrero, el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y el municipio de Xochihuehuetlán.
Distribución de la secundaria Nicolás Bravo de Xochihuehuetlán, Guerrero. (Fuente: Animal Político/Aprender Primero)
Cabe decir que todos los involucrados están amparados ante la situación, y que incluso han recibido golpes legales como cuando en septiembre del 2016 un juez declaró improcedente la demanda, ante lo que los demandantes respondieron con una apelación que se resolvió en marzo del año pasado.
No es de sorprender la cantidad de recursos legales que permiten que las escuelas en México operen en estado de precariedad, pues según un reporte de El Panorama de la Educación 2015, del Sistema Educativo Nacional, indica que en ese año, el 94.9 % de las secundarias tenía un salón de clase para cada grupo; el 65.7 % contaba con agua suficiente y solo 17.9 % tenía sanitarios para estudiantes con discapacidad.
Podría interesarte:
Más de 13 mil millones de pesos costará a la SEP reconstruir y reparar escuelas en México tras sismo
