Unas 20 agrupaciones religiosas exigieron el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, que vete el matrimonio igualitario en el estado.
El lunes pasado, dichas organizaciones solicitaron tanto al al jefe del ejecutivo estatal, como a los legisladores locales y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibir el fallo que emitió dicha Corte contra el código civil de la entidad que restringía las uniones en función del género.
“Él es poder ejecutivo y él sabe perfectamente que Nuevo León es un estado autónomo y soberano y él podría precisamente cambiar, vetar esta modificación y que el estado de Nuevo León siga la institución del matrimonio de la familia” aseguró Carolina Garza, vocera del Frente Nacional por la Familia en conferencia de prensa.
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Marcial Padilla, director de ConParticipación. dijo que “la Suprema Corte de Justicia realizó algo que en primer lugar es injusto, es autoritario y es nocivo (…) saben porque fue nocivo, porque qué tan bueno es que te impongan una forma de pensar, que venga alguien que no es de aquí, por quien no votaste tu por él y te obligue a pensar y a tener a tu familia de cierta forma”.
El pasado 19 de febrero La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado de Nuevo León.
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Los grupos conservadores pidieron a Jaime Rodríguez Calderón vetar el matrimonio igualitario. (Foto: Facebook)
Por unanimidad, los Ministros de la Corte declararon inconstitucional tres apartado del Código Civil de la entidad que restringía las uniones en función del género, al anularlas normas que sólo permitían este vínculo civil entre hombres y mujeres de “perpetuar la especie”, al considerar violatorios los derechos a la igualdad y el libre desarrollo de personalidad.
Esto significa que los ministros invalidaron los artículos 140 y 148 del Código Civil del estado de Nuevo León tras resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los ministros consideraron inválidos esos preceptos, porque existe una violación a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política Federal respecto del principio de igualdad y no discriminación.
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