De las 7.7 millones de personas con discapacidad (PCD) que viven en México, el 10 por ciento de ellas recibe un estímulo económico de la Secretaría de Bienestar, de acuerdo con estimaciones realizadas por Ottobock, empresa alemana con más de 100 años de experiencia en la atención técnica, fisioterapéutica y social a este sector de la población.
“Estimamos que México ya rebasa las 8.5 millones de personas con discapacidad, aunque las cifras oficiales del Inegi sigan indicando que aún estamos por debajo de los 8 millones. Es de llamar la atención que, desde hace seis años, el volumen poblacional de este sector no varía, algo que no es muy lógico si tomamos en cuenta que cada vez hay más amputados a causa de la diabetes y los accidentes viales, que han ido en franco aumento”, explica Mónica Guadalajara, directora regional para América Latina de Ottobock, compañía que se dedica a la fabricación de prótesis, ortesis y sillas de ruedas en todo el mundo.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en el país viven 7.7 millones de personas con discapacidad. De ellas, calcula Ottobock, sólo el 10 por ciento recibe algún apoyo de la Secretaría de Bienestar, y eso si se toman en cuenta las cifras oficiales, que prácticamente no cambian desde 2014, año en el que el mismo Inegi contabilizó 7.65 millones.
Reconocen el esfuerzo que se hace con los programas de ayuda
“Celebramos que el gobierno mexicano incremente sus programas de ayuda a las PCD, pero aún falta mucho por hacer. Suponiendo que las estadísticas del Inegi corresponden a la actualidad, aunque sabemos que no es así, sólo el 10% de los mexicanos con discapacidad recibe un estímulo”, observa Guadalajara. En agosto pasado, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, elevó un poco el volumen de las PCD y dijo que, al día de hoy, se contabilizan en 7.9 millones.
“No tiene mucho sentido que, en un periodo de seis años, el número de gente con capacidades diferentes sólo haya crecido en 250 mil. Desde nuestro lado como iniciativa privada, atendemos cada vez a más personas con discapacidad motriz, ya sea por accidentes de tránsito, violencia o enfermedades crónico degenerativas”, observa Guadalajara, quien tiene más de 20 años de experiencia en la atención a este grupo poblacional.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en América Latina en muertes por siniestros viales. Se calcula que, al día, 22 jóvenes de entre 15 y 29 años mueren a causa de un accidente, lo cual da un resultado final de 24 mil fallecimientos al año. Además, los siniestros viales representan la primera causa de muerte de los mexicanos de entre 5 y 29 años.
El Secretaría del Bienestar asegura que la motriz es la discapacidad más común entre los mexicanos, con 2.6 millones de personas que la presentan, es decir, 37.3% del total de las PCD. Le siguen la visual, la psicosocial, la auditiva y la intelectual. “La discapacidad motriz se ha disparado en los últimos cinco años por dos factores que, combinados, son trágicos: el aumento del uso de bicicletas y motocicletas y la falta de cultura vial. Y esto es una tendencia al alza no sólo en México, sino en toda Latinoamérica”, dice Guadalajara.
Un derechohabiente del Programa Pensión para el Bienestar recibe 2 mil 550 pesos bimestrales. Una cantidad ínfima si se tiene en cuenta que el 54% de las PCD vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La historia de Yaotzaneth
Yaotzaneth Díaz es una de esas personas que deben tener uno o más empleos para poder subsistir. Ella perdió una pierna luego de que, hace 13 años, un autobús la arrollara en la Ciudad de México. Su extremidad inferior quedó destrozada y no tuvo otra opción más que la amputación.
“Un día me gritaron que si no me daba asco andar así por la calle”, comparte Yaotzaneth, quien no tiene trabajo pese a ser seleccionada nacional de basquetbol en silla sobre ruedas y haber puesto en quinto lugar a México en los pasados Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.
Para mantener su carrera deportiva y sus gastos diarios, Yaotzaneth trabajaba en una agencia de monitoreo de información, pero a causa de los recortes provocados por la pandemia, se quedó sin empleo hace varias semanas. “La vulnerabilidad a la que estamos expuestos no sólo es física, sino económica. Hay muy pocas empresas que tienen programas incluyentes de contratación. Creo que debe haber más apoyos públicos para nosotros, porque 2 mil o 3 mil pesos cada dos meses no son suficientes para tener una vida digna”, advierte la joven de 33 años.
La Fundación Paralife estima que el 70% de las personas con discapacidad trabaja en la economía informal, por lo cual dependen de sus actividades diarias para generar ingresos y no pueden guardar la cuarentena. “Recordemos que ellos están más expuestos al contagio porque sus aparatos (muletas, prótesis, sillas de ruedas) tienen superficies en las que sobrevive el virus”, señala Guadalajara.
La discriminación para las personas con discapacidad
En México, las PCD constituyen el grupo social más discriminado, de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación 2017 del Inegi. Y aunque la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, ha dicho que AMLO es “un gran aliado” de la discapacidad, la realidad es muy distinta. Un análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 indica que las PCD siguen siendo soslayadas de la agenda pública.
Por ejemplo, en el DIF siempre se ha contemplado un programa para la atención a personas con discapacidad; para el siguiente año, ese programa no tiene presupuesto asignado. Tampoco está incluido el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad, que el año pasado recibió un fondo de 400 millones de pesos. En el sector educativo el asunto se agrava. Para 2021, la SEP no contempla el Programa de Inclusión y Equidad Educativo ni el de Fortalecimiento de Planteles Federales de Educación. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desapareció, también, el presupuesto para el Mecanismo Independiente del Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 2020 recibió 17 millones.
Texto por: Ottobock.
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