En la mayoría de los estados de la República Mexicana, si una mujer aborta cuando no fueron violadas, si no corre peligro su vidas, si no hay factores económicos de por medio e incluso cuando el producto presenta “alteraciones”, se convierten en criminales y, muchas veces, terminan presas por decidir qué hacer con sus propios cuerpos.
Aborto en el Estado de México
La mayoría de las entidades federativas contemplan penas privativas de libertad en relación con el delito de aborto. En el Estado de México, las penas por abortar van desde el año hasta los 3 años. Esta entidad solo permite el aborto en caso de alguna de estas causales: violación, imprudencial o culposo, peligro de muerte para la madre o alteraciones graves en el producto.
(Foto: Plumas Atómicas)
Sin embargo, si una mujer decide abortar por su propia voluntad, si hay causas económicas de por medio o bien si el embarazo pone en riesgo a salud de la mujer, la interrupción del embarazo se convertiría en un delito y quien lo practica una criminal.
Entre 2007 y 2016, 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto en el país. En el mismo lapso, 228 personas fueron sentenciadas, principalmente en el Estado de México (38), Veracruz (38), Tamaulipas (19), Sonora (18) e Hidalgo (15).
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Propuesta de legalización
Tomando en cuenta este contexto escabroso para las mujeres mexiquenses, a nombre de la bancada de Morena, las diputadas Nancy Nápoles Pacheco, María de Jesús Galicia Ramos y María del Rosario Elizalde Vázquez, presentaron en el pleno de la LX Legislatura, una iniciativa de ley para que en el Estado de México se permita la interrupción legal del embarazo antes de la décima segunda semana de gestación.
Se está considerando que sea hasta las 12 semanas, estaremos muy al pendiente, la iniciativa se aborda en el trabajo de comisiones, para que lo más pronto posible pueda convertirse en ley, porque ya es una exigencia social. Necesitamos que se materialice y no se quede en la congeladora, la intención es que trascienda y que avance lo más pronto posible.
(Foto: El País)
La iniciativa también propone que los prestadores del servicio de interrupción legal del embarazo pueden ser personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, y tendrían la obligación de brindar a la mujer en esa situación información imparcial sobre los procedimientos, riesgos y consecuencias, así como alternativas para adopción.
Por su parte, Sistema Estatal de Salud atendería las solicitudes de interrupción del embarazo de las mujeres solicitantes, aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público, social o privado.
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De acuerdo con las morenistas, como consecuencia de la legislación actual que penaliza la interrupción del embarazo, más de 56 mil mujeres mexiquenses, de 17 a 38 años de edad han tenido que acudir a la Ciudad de México para someterse a una interrupción del embarazo de manera legal y asistida, pues es la única entidad que permite el aborto a petición y voluntad de la madre.
(Foto: Milenio)
Además, en la entidad mexiquense se han presentado 65 mil 996 casos de complicaciones por abortos ilegales y que han sido atendidas en el sistema de salud. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México informó que desde 2007, año en que se legalizó el aborto, a 2018 se han practicado 200 mil 391 interrupciones sin ningún deceso.
Por el contrario, el aborto clandestino constituye una de las primeras causas de muerte en las mujeres en Centroamérica, América Latina y el Caribe. Y en el país se practican alrededor de 750 mil abortos clandestinos, de acuerdo con un estudio del Instituto Guttmacher.
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