Un grupo de niños y niñas de entre siete y diez años aproximadamente, anunciaron su incorporación a la policía comunitaria constituida en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) para, según ellos, cuidarse del embate de los grupos criminales que operan en sus comunidades.
Por medio de un video que circula en las redes sociales, los menores que no rebasan el metro y medio, con gorras y paliacates, huaraches llenos de tierra, portan palos en lugar de armas, y siguen las indicaciones del líder, un niño no mayor de diez años que se para al frente del grupo y lee con dificultad un comunicado.
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Los niños nahuas explican que son sobrevivientes de las agresiones que diversos grupos delictivos han protagonizado en la zona, principalmente del grupo de Los Ardillos.
En las imágenes que circulan en redes sociales, desde el pasado fin de semana, el niño líder hace un recuento de los brotes de violencia que se han desarrollado entre Los Ardillos y Los Rojos, quienes se disputan el control de sus comunidades ubicadas en la zona de la Montaña baja de Guerrero, principalmente en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera.
La población se ha organizado desde hace varios años en una policía comunitaria que busca resistir la violencia, extorsión y en algunos casos, la imposición de siembra de amapola, por parte de grupos delictivos que controlan la vida de los habitantes de la región, incluso tienen el poder de manejar a las autoridades de los ayuntamientos, señalan diversos medios locales.
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Los niños y niñas manifestaron su disposición para combatir a los comandos que intenten ingresar a sus pueblos, sitios que desde el 2015 han sido víctimas del embate de Los Ardilllos:
“Fuimos atacadas los niños que hoy somos sobrevivientes de un ataque sanguinario, seguimos en la lucha porque sabemos que van a regresar y atacar de nuevo a nuestra Policía Comunitaria”.
Aferrándose a un palo que sostiene un cartel, el menor que da lectura al comunicado asegura que como pueblo no van a quedarse solos, “nos matan a un comunitario y vamos por 10 sicarios”, señala enfático.
En el video con duración de poco más de cinco minutos, los nuevos comunitarios señalan como remitentes de su mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Guardia Nacional, a la Comisión de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Ejército, así como al gobierno del estado, a la fiscalía guerrerense y a las autoridades de los Ayuntamientos.
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El clip tiene como fecha el 23 de abril de 2019, y en él se asegura que fue grabado a las 13:30 horas, sin embargo, comenzó a circular con más fuerza durante el fin de semana cuando medios como El Sur de Guerrero y La Jornada, dieron cuenta de su contenido.
Al final de la pieza de video se observa cómo los niños que aparecen todo el tiempo formados en dos filas comienzan a seguir algunas instrucciones militares y ejercicios de combate que podrían demostrar un presunto entretenimiento militar.
Así están las cosas en la Montaña baja de Guerrero
El pasado 4 de mayo fueron ejecutados José Lucio Bartolo, concejal nahua, y Modesto Verales Sebastián, dos delegados del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas después de que se reunieron con miembros del CNI, según un comunicado de la organización, el grupo fue emboscado y agredido con armas de fuego.
Qué es la policía comunitaria en Guerrero
En 1994 se creó en San Luis Acatlán la policía comunitaria, la cual depende de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), según sus integrantes decidieron organizarse para defenderse de los delitos que se registraban en la zona.
Estas organizaciones están avaladas ante la ley, ya que el artículo 37 de la ley 701 sobre derechos y cultura indígena reconoce a la policía comunitaria respetando su carácter de cuerpo de seguridad pública, “los órganos del poder público y los particulares respetarán sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones como autoridad”.
Cómo actúan los policías comunitarios
La justicia se imparte de manera diferente, ya que, de acuerdo con información dada a conocer hace unos meses con Denise Maerker, en las comunidades dónde operan estos grupos indígenas “ se remite a los presuntos delincuentes a las casas de justicia, en donde son juzgados por una asamblea en la que no se les permite la representación de un abogado, la pena puede ser el encarcelamiento, multa o trabajo comunitario”, refiere la información difundida por Televisa.
La CRAC opera en al menos 12 municipios de Guerrero.
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