Tras firmar la nueva ley de control de armas, que permite la venta de rifles y pistolas a jóvenes a partir de los 21 años y ya no desde los 18, el gobernador de Florida Rick Scott recibió una demanda por la Asociación Nacional del Rifle (ANR) por “vulnerar y arremeter” contra la integridad constitucional de la Segunda Enmienda (la que permite la portación y uso de armas).
Esta nueva ley arremete contra el derecho constitucional de la autoprotección y limita el derecho de los adultos de entre 18 y 21 años en adquirir un arma para defensa propia ante cualquier agresión de un degenerado.
Podría decirse que la nueva ley, conocida como 7026, fue una movida un tanto obligada por la presión social que ejercieron estudiantes y padres de familia para regular el control de armas a raíz de la matanza del 14 de febrero pasado en una escuela de Parkland, donde un exalumno de 19 años mató a 17 personas.
Ahora, la venta de los rifles semiautomáticos y ciertos dispositivos que truncan las armas y les dan el poder de destrucción similar al de una metralleta (justo como el que usó el asesino de Las Vegas que mató a decenas de personas durante un concierto), estará restringida. La nueva ley también incluye una inversión dirigida a un programa de detección de problemas mentales en jóvenes como Nikolas Cruz quien sufría de depresión a pesar de su corta edad.
La nueva ley va aunada a otra más que permite la capacitación y armamento a profesores de escuelas públicas para responder a cualquier agresión y contempla a profesores que tengan formación militar y experiencia en uso responsable de armas como agentes de la ley.
Ante todo este contexto, los jóvenes que sobrevivieron a Parkland convocaron para este próximo 24 de marzo una marcha masiva en Washington para protestar contra los legisladores, lo que para ellos son endebles y equívocas medidas como solución final.
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