EUA presenta cargos contra Maduro; ofrece recompensa de 15 mdd

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado este jueves cargos penales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos cargos de su Gobierno por narcotráfico y por su presunta connivencia con la extinta guerrilla de las FARC y sus disidencias. En una rueda de prensa, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr,

EUA  presenta cargos contra Maduro; ofrece recompensa de 15 mdd

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado este jueves cargos penales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos cargos de su Gobierno por narcotráfico y por su presunta connivencia con la extinta guerrilla de las FARC y sus disidencias.

En una rueda de prensa, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha dado a conocer los cargos presentados contra Maduro y otros 14 ‘chavistas’ ante tribunales de Nueva York, Washington y Miami tras años de investigación de varias agencias federales.

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Barr ha acusado a Maduro de liderar un auténtico cártel integrado por funcionarios ‘chavistas’ que “ha permitido usar Venezuela como un lugar seguro para el narcotráfico” hacia Estados Unidos.

“La imputación de Maduro y los demás acusados por supuesta conspiración para inundar Estados Unidos de cocaína implica a la extremadamente violenta organización terrorista de las FARC”, ha indicado el fiscal general.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el cártel capitaneado por Maduro se habría aliado con las FARC, “uno de los mayores productores de cocaína de todo el mundo”, para conseguir la droga.

El dirigente venezolano habría ofrecido “protección política y militar a las FARC” y les habría entregado armamento para luchar contra el Estado colombiano a cambio de que fueran su proveedor.

Barr ha explicado, con la ayuda de un mapa, que Maduro y las FARC habrían conseguido introducir entre 200 y 250 toneladas de cocaína cada año en Estados Unidos a través de rutas terrestres y marítimas.

Desde su época como ministro de Exteriores del Gobierno de Hugo Chávez, Maduro se habría asegurado de “mantener abierta la puerta entre Colombia y Venezuela”, de modo que la droga entrara por la frontera terrestre.

Una vez en Venezuela, habría proporcionado las instalaciones para la transformación de la droga y la logística para enviarla a Estados Unidos. Según Barr, usaría dos rutas, una aérea que llevaría la cocaína a Centroamérica y desde allí, en alianza con cárteles locales, hacia Estados Unidos, y otra marítima por el Caribe.

El Departamento de Justicia ha asegurado que los lazos de Maduro con el narcotráfico se remontan al menos a cuando el ahora mandatario era ministro de Exteriores del Gobierno de Hugo Chávez.

Barr ha precisado que, después de la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, Maduro ha seguido traficando con la cocaína colombiana gracias a las disidencias de las FARC.

Los otros acusados

El jefe del Departamento de Justicia ha señalado que el cártel tenía varios objetivos: “llenarse los bolsillos”, consolidar su poder y “usar la cocaína como un arma” contra Estados Unidos.

Washigton ha extendido su acusación por “narcoterrorismo” a otros dirigentes ‘chavistas’, entre los que destacan el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, y el vicepresidente económico, Tareck El Aissami.

También apunta al aparato militar del ‘chavismo’ en las figuras del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el ex director de Inteligencia militar Hugo Armando Carvajal y el ex comandante Clíver Alcalá Cordones.

Destaca igualmente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, que ha sido acusado de “blanqueo de capitales” a escala internacional y de “conspiración”.

Recompensas millonarias

Para garantizar que estas imputaciones surten efecto, los departamentos de Justicia y Estado han anunciado una recompensa de hasta 15 millones de dólares a cambio de cualquier información que permita “detener y/o procesar” a Maduro.

La Administración de Donald Trump también ha ofrecido recompensas de hasta diez millones de dólares por la detención de Cabello, El Aissami y Alcalá Cordones.

“El pueblo de Venezuela merece un Gobierno transparente, responsable y representativo que sirva a las necesidades de su pueblo”, ha dicho el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en Twitter.

Interrogado sobre cómo pretende Estados Unidos hacer efectiva esta acusación penal contra Maduro y sus colaboradores, específicamente sobre la posibilidad de llevar a cabo una intervención militar en Venezuela, Barr ha rehusado contestar. “No voy a especular”, ha dicho.

El cártel de los soles

Aunque el fiscal general no lo ha definido como tal, los escritos legales obtenidos por la prensa estadounidense se refieren a la supuesta organización criminal dirigida por Maduro como el Cártel de los Soles.

La Junta Internacional para el Control de Estupefacientes (JIFE), que se enmarca en el sistema de Naciones Unidas, ya alertó el pasado mes de febrero sobre una posible infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad de Venezuela que habría tomado forma a través del Cártel de los Soles.

“Hay indicios de que en la República Bolivariana de Venezuela los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”, dijo la JIFE en su informe anual sobre 2019.

Informaciones periodísticas habían apuntado igualmente a la existencia de una red de funcionarios ‘chavistas’ dedicados al narcotráfico, señalando en concreto a Cabello y a El Aissami, como los cabecillas de este Cártel de los Soles.

Estados Unidos ha dictado numerosas sanciones contra Maduro y altos cargos venezolanos, entre ellos Cabello y El Aissami, por narcotráfico, corrupción y violaciones de los Derechos Humanos, pero los cargos penales suponen un salto cualitativo en su ofensiva para lograr elecciones “libres” en la nación caribeña.

Washington es el principal valedor de Juan Guaidó en la comunidad internacional, al que reconoce como “presidente encargado” de Venezuela. Guaidó, que se arrogó este cargo en enero de 2019, ha prometido desahuciar a Maduro de Miraflores para dar paso a una transición democrática.

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