La nueva ley del aborto que entra en vigor este miércoles en Texas, considerada una de las más estrictas en todo el país, afecta a las poblaciones más vulnerables y de menos recursos, como la hispana en situación irregular, de acuerdo con organizaciones comunitarias.
La norma prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de gestación, cuando en muchos casos es difícil detectar el embarazo y permite a los ciudadanos iniciar querellas judiciales contra cualquier persona que ayude a una embarazada en la búsqueda de un aborto.
Ana Rodríguez, directora de campaña con el fondo Lilith, una de pocas organizaciones comunitarias de base del estado que ayuda económicamente a las que no tienen suficientes recursos económicos para un aborto, sugiere que la nueva ley tendrá repercusiones en el sistema que apoya estos procedimientos. “Es un intento asolapado del Gobierno estatal para menguar y fragmentar a las clínicas de aborto y a las organizaciones como nosotros”, apuntó Rodríguez en entrevista con Efe.
De acuerdo con un sondeo efectuado en 2018 por el Proyecto de Evaluación de Políticas de Texas, conformado por varias universidades del estado, cerca del 85 % de las personas que buscan un aborto lo hacen después de las seis semanas de gestación. “Eso implica más gastos y menos recursos, porque ahora las que buscan hacerse ese procedimiento lo harán fuera del estado si es que tienen los gastos que ello conlleva”, remarcó Rodríguez.
Afecta a las hispanas indocumentadas
Pero hay un sector de la población, como la hispana indocumentada que, según Rodríguez, no tendrá esa posibilidad: la de viajar y trasladarse a otro estado porque se lo impide su situación migratoria. El grueso de esa población, agrega, se encuentra en el sector fronterizo de Texas con México, a quien “le es imposible” manejar o viajar por avión porque no tiene los recursos o porque enfrentaría un proceso judicial por estar en el país de forma irregular.
“El 72 por ciento de las personas que nos llaman pidiendo ayuda son personas de color, y de esa cantidad el 60 por ciento ya son madres o padres que viajan alrededor de 200 millas para poder hacerse un aborto”, agregó Rodríguez. Según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, en 2019 se efectuaron un total de 55 mil 966 procedimientos abortivos en Texas, de los cuales un 39 por ciento (21 mil 826) fueron efectuados a personas de origen hispano.
En 2020, a pesar de las pausas a la mayoría de los procedimientos quirúrgicos impuestas por el estado para darle prioridad a los afectados por el covid-19, el porcentaje de abortos de parte de la población hispana fue del 37 por ciento del total.
Un juego político
Hannah Thalenberg, originaria de Brasil y de 31 años, quien se considera una persona no binaria, se realizó un aborto en Texas hace siete años, es detractora de la nueva ley, a la que cataloga como producto de un “juego político” que mantiene de “rehenes” a las personas que buscan paralizar el proceso de gestación.
“Las clínicas, los fondos de aborto y los voluntarios nos estamos preparando para que entre el efecto una legislación perversa que se ha fijado de forma arbitraria y que va en contra del cuidado de salud autónomo”, planteó Thalenberg, voluntaria en organizaciones como la Clinic Access Support Network, que asiste con los gastos para las personas que buscan someterse a un aborto.
Parte de ese nuevo planteamiento de la red de organizaciones comunitarias que opera en Texas es trasladar a los pacientes a otros estados, una estrategia que complica la supervivencia de estos colectivos de asistencia de salud por los gastos que representa.
“Y esa es la finalidad de leyes extremistas como la que está por entrar en efecto”, anticipó Thalenberg,
Demandas ciudadanas
Pero a diferencia de otras legislaciones similares que se han presentado en varios estados, la nueva ley en Texas difiere porque no es el Gobierno estatal el encargado de aplicarla, sino que son los propios ciudadanos a los que se les concede el poder con esta norma de demandar a clínicas abortivas o a cualquiera que ayude a una persona a abortar después de las seis semanas de gestación.
Varias organizaciones como Texas Right to Life, que lucha en contra de prácticas abortivas en el estado, ha lanzado en internet campañas donde incitan a la población a demandar de forma anónima a los “infractores de la ley” a través de formularios en línea.
La disposición implica que una persona podría demandar a quienes acepten pagar por el aborto de otra, y si el demandante gana el juicio podría recibir hasta 10 mil dólares en indemnizaciones.
Los representantes legales de las clínicas abortivas en Texas presentaron el lunes una moción de amparo de emergencia a la Corte Suprema para que imponga un alto a la ley y detener su entrada en vigor en las próximas horas. Mientras tanto, varias organizaciones preparan manifestaciones en varias ciudades del estado, como el Texas Freedom Network, que anunció eventos presenciales y virtuales para este 1 de septiembre en Austin, Houston, San Antonio, Wichita Falls y Brownsville.
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Foto de portada: Efe.
Con información de Efe.
