El ultraconservador y nacionalista partido polaco Ley y Justicia (PiS por sus siglas en polaco), volvió a provocar polémica tras la aprobación de la ley que castiga con tres años de prisión a todo aquel que utilice la frase “campos de concentración polacos”, por lo que ahora cualquier relación del Holocausto con Polonia, es ilegal.
Dicha iniciativa fue aprobada por el Senado con 57 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones. A pesar del poder del presidente polaco, Andrej Duda, el ejecutivo estuvo a favor de la ley que «apela a defender la verdad histórica donde tanto judíos como polacos fueron las mayores víctimas durante la guerra».
Polonia era el país que tenía mayor población judía en Europa, con más de seis millones de judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945, sólo sobrevivieron 380 mil.
Esta ley también incluye la tipificación penal sobre cualquier acusación contra Polonia por complicidad en los crímenes de guerra del régimen nazi durante su ocupación en Polonia de1939 a 1944. Israel fue el primer país en condenar dicha ley por lo que ahora la relación bilateral con Tel Aviv está al borde de la ruptura, incluyendo a los aliados del gobierno de Benjamín Netanyahu como EUA.
Las últimas leyes y reformas implementadas por el gobierno central de PiS han provocado progresivamente el aislacionismo de Polonia respecto al resto de Europa y el mundo. La Unión Europea, incluso, acusa a Varsovia de pasarse por alto el Estado de derecho.
Contrario a la opinión de la UE, el ministro de relaciones exteriores polaco, Jacek Czaputowicz, cree que pese a la polémica, esta nueva legislación no afectará las relaciones multilaterales del país con Israel y EUA, sin importar de las consecuencias diplomáticas ya mencionadas.
«Israel contempla con extrema preocupación cualquier intento de alterar la verdad histórica con respecto al Holocausto», expresó en un comunicado Emmanuel Nahshon, portavoz del Ministerio de relaciones exteriores de Israel.
Hábilmente el PiS ha reformado las leyes para tener más control en el Tribunal Constitucional, prensa dependiente del Estado, y del sistema judicial. «Este gobierno busca la victimización de los polacos por la ocupación nazi, pero en realidad lo que provocarán es poner en duda la reputación del país», dijo la ex primera ministra, Beata Szydlo.
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