Amnistía Internacional (AI) pidió este martes a las autoridades colombianas “poner fin a la represión de las manifestaciones”, que empezaron el miércoles pasado y en las que han muerto 19 personas y unas 800 más han resultado heridas, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
El organismo pide además al Gobierno “cesar la militarización de las ciudades”, implementada bajo la figura de “asistencia militar”, y respetar y garantizar que “los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria”.
El Cuerpo de Verificación Digital de AI evidenció, a través de material audiovisual, “el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones”.
“Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas”, afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
Guevara agregó que se “deben respetar la libertad de expresión y de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura”.
ESTIGMATIZACIÓN Y VIOLENCIA
Guevara aseguró que el descontento de los ciudadanos que se están manifestando en las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril contra la ya retirada reforma tributaria del Gobierno, “no debe ser calificado como vandalismo y terrorismo, como lo ha hecho el presidente Iván Duque”.
En ese sentido, la representante de AI recordó que hasta el lunes la cifra de muertos es mayor a la dada por la Defensoría, pues citó organizaciones sociales que dicen que son al menos 26 las víctimas mortales.
Igualmente, la verificación de los videos le ha permitido a Amnistía Internacional confirmar que la Policía “ha hecho uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes”.
“Se identificó, por ejemplo, el uso del rifle Galil Tavorn en Cali durante la represión de manifestaciones el 30 de abril o de policías apuntando armas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados el 2 de mayo en Popayán”, detalló AI.
Igualmente mencionó que el 1 de mayo un vehículo blindado disparó “munición viva en Bogotá” y que, como en los dos casos anteriores, el uso de ese armamento está “prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales”.
Finalmente el organismo consideró que lo ocurrido “no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país”.
Las protestas, surgidas en medio de una pandemia con graves consecuencias económicas para una buena parte de las familias colombianas, tuvieron como detonante una propuesta de reforma tributaria que ya fue retirada por el Gobierno y derivó en la renuncia el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
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