El año pasado, el término upskirting se popularizó en Reino Unido luego de que Gina, una mujer inglesa compartiera en medios locales e internacionales el acoso del que había sido víctima: le tomaron una foto debajo de la falda sin su consentimiento. “En algún momento puso su teléfono entre mis piernas, con la cámara apuntando hacia arriba, y tomó una foto de mi entrepierna a plena luz del día”, narró para la BBC.
¿Cómo se convirtió en ley?
Desde ese momento, decenas de mujeres en la nación europea y en otras partes del mundo por igual empezaron a hacer públicos sus testimonios en redes sociales, y a la par, en Reino Unido se inició una lucha legal para clasificar esta práctica como un delito, algo que se logró apenas este martes luego de que el parlamento parlamento británico adoptara un proyecto de ley destinado a castigar con dos años de cárcel a quien tome este tipo de fotografías.
A partir de ahora, la ley castigará a todas las personas que tomen fotos bajo los vestidos o faldas, algo considerado como “intrusión odiosa en la vida privada, que deja a las víctimas desamparadas”, tal como lo dijo la secretaria de Estado británica de Justicia, Lucy Frazer.
(Foto: Stoke Sentinel)
El proyecto fue presentado en un primer momento por una diputada, pero este fue bloqueado por la oposición del diputados conservador Christopher Chope, algo que desató una serie de críticas en su contra.
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¿Qué hizo Gina?
El proyecto fue introducido gracias a la campaña que inició Gina Martin, una mujer de 27 años que fue víctima de esta práctica durante un festival en Londres en 2017, que después compartieron desde sus teléfonos móviles. Cuando Martin intentó hacer intervenir a la policía, las autoridades no pudieron tomar ninguna acción porque no existía un delito tipificado.
Desde entonces, inició una lucha que hoy rinde frutos en la arena legal. “Estoy encantada”, escribió en su cuenta de Twitter. “¡Hemos cambiado la ley! Siempre pensé que la política era hermética pero con la ayuda y la voluntad necesarias, se puede lograr”.
El texto ya solo necesita la firma de la reina Isabel II, última etapa del proceso legislativo en Reino Unido, para ser promulgado.
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