Amnistía Internacional (AI) reportó este martes a través de Front Line Defenders en un texto titulado “Valiente” que los homicidios de activistas dedicados a la defensa de los derechos humanos y ecología, pasaron de 156 en 2015 a 281 durante 2016 y tres cuartas partes se dieron en Latinoamérica.
Dicha cifra explaya un incremento del 80 por ciento con respecto a los 156 asesinatos en 2015, mientras que en este 2017 las cifras tienden a subir considerablemente. Sólo en enero del presente año, fueron asesinados 10 activistas casi el doble de la media mensual del año pasado.
Desde 1998 se registran hasta 3 mil 500 asesinatos a activistas alrededor del globo como los de Gloria Capitán de Filipinas, Marcel Tengeneza de la República del Congo, Abdul Basit Abu de Libia o Javier Rodallega en Colombia; hasta que se aprobó la Declaración para la Protección de Defensores y Defensoras. ”La mayoría de los homicidas goza de impunidad”, advierte AI.
Los secuestros, desapariciones forzadas, campañas de desprestigio, hostigamiento, extorsión, o violaciones; completa el menú de estrategias degeneradas contra la defensa de derechos humanos y de la defensa de lo que es justo, entre otras actividades que interfieren en los intereses de los empoderados. En un foro de AI presentado a escala global en Madrid, la organización exigió a los gobiernos proteger a todos los activistas que se han destacado por su labor. En la ponencia participaron periodistas y refugiados políticos.
”Autoridades pasan por alto las leyes proteccionistas a favor del activismo, utilizando leyes penales, conexiones administrativas para deslegitimar a todo aquél que pretenda denunciar actividades ilícitas por parte de las élites”, denuncia el reporte de AI.
Ejemplificó el caso de Farid al Atrash, detenido por soldados israelíes por hacer una manifestación pacífica a favor de los refugiados palestinos, con este ejemplo la organización intenta explicar el abuso de autoridad a través de elementos estatales.
Este tipo de prácticas no sólo se da en países en vías de desarrollo donde la debilidad institucional es causante de la corrupción gubernamental, haciendo referencia a Edward Snowden el exagente estadounidense que reveló el espionaje del gobierno de Estados Unidos y Reino Unido a la población civil, hoy enfrenta 30 años de prisión por publicar información de interés público.
Es común que los activistas seas sometidos a campañas de desprestigio y difamación donde los gobiernos o élites del sector privado los tachen de antipatriotas, mentirosos, espías, corruptos o enemigos del Estado. ”Si no te matan, te hacen la vida imposible”, dice el texto.
No sólo los activistas, también los periodistas son blanco fácil de hostigamiento y extorsión (si no son asesinados), agudizado en países hispanoparlantes. Cuando no son vigilados, se les corta sus medios de trabajo (como el internet) o se impide que tengan acceso a fuentes informativas. Dichas restricciones a la libertad de circulación, de hecho también ha afectado a activistas de Amnistía Internacional.
Minorías vulnerables
Son frecuentes los ataques a colectivos que defienden los derechos de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales), la agresión más frecuente a estas minorías sociales, son las violaciones con el fin de infundirles miedo, amenazas a sus familiares y extorsión mediática, son algunos de los métodos de intimidación a estos activistas.
”Las y los defensores de estos derechos, enfrentan discriminación por desafiar los roles tradicionales y conservadores que no tolera la diversidad sexual”. Por ejemplo, en el Salvador, quienes defienden estos derechos son calumniados por la prensa local calificándolos de antipatriotas o incitadores de la violencia.
Activista plurinacional de los indígenas Mayas
Pascal Bernabé es un activista guatemalteco originario de Huehuetenango, se ha opuesto durante los últimos años por la instalación de hidroeléctricas en la selva guatemalteca. ”Se llevan la naturaleza, se apropian de ella y no dejan ningún desarrollo para la gente”, acusó en su ponencia durante el foro donde portaba el bastón de mando de los pueblos indígenas mayas.
Dentro de sus testimonios, explicó que la luz eléctrica se la llevan a México y los proyectos de desarrollo social son incompletos donde los beneficios sólo son para el sector privado. Su manifestación pacífica ha sido origen de hostigamientos a las comunidades mayas. Para los habitantes de la selva guatemalteca, el defender sus recursos naturales lo es todo para ellos, ya que eso les da trabajo y recursos para tener una vida con calidad.
Concluyó que formar parte de un movimiento alterno de riguroso cambio social con respecto a temas de defensa de derechos fundamentales y defensa de los recursos naturales, es tomado como un indicador de responsabilidad penal.
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