Los esclavos de las granjas de Brasil duermen en chozas improvisadas y raquíticas. Apenas logran cubrirse con hojas y cortezas de los viejos árboles. Durante el día no reciben suficiente alimento y son acechados constantemente por los guardias que los persiguen como cuervos para impedir que escapen.
Por primera vez en la historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) multó a un país por fallar en la prevención de la esclavitud moderna. Brasil fue obligado a pagar un monto de 5 millones de dólares a 128 trabajadores esclavizados en el rancho ganadero Fazenda Brasil Verde, uno de los caos de esclavitud moderna más notables de la última década en el mundo.
Sin embargo, las cifras oficiales son mayores: de acuerdo a The Guardian, el ministerio de trabajo brasileño ejecutó 12 redadas en la granja entre 1988 y el 2000 y rescató a 340 hombres.
El índice global de esclavitud 2016, publicado por Walk Free Foundation de Australia, define a la esclavitud como la situación de explotación a la que alguien “no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño”.
Aunque casi todas las naciones del mundo consideran la esclavitud una práctica ilegal, alrededor de 45 millones de personas viven bajo esas condiciones y más de dos millones se hallan en los Estados Americanos.
En el caso de Brasil, Walk Free asegura que suman 160 mil las personas condenadas a trabajar de esa manera y más de 50 mil ya han sido liberados desde 1995.
Ahora el gobierno deberá indemnizar a los 128 trabajadores que laboraban en condiciones de esclavitud en la granja Fazenda Brasil Verde, ubicada en el estado de Pará, al norte de Brasil, propiedad de los Hermanos Quagliato, una de las empresas ganaderas de esa región.
De acuerdo a la agencia brasileña de noticias EBC, durante un juicio a finales de diciembre del año pasado, la CIDH (el organismo legal de la Organización de Estados Americanos) probó que el país latinoamericano falló en la toma de medidas y políticas necesarias para prevenir la esclavitud moderna.
El caso –explica The Guardian– fue presentado a la OEA por el CEJIL desde el 2013 y hasta la resolución final en diciembre, no había ningún cargo criminal levantado contra Fazenda Brasil Verde y “ninguno de los trabajadores habían recibido compensación alguna”.
En Fazenda Brasil Verde –según un artículo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – ya tenían personal ubicado que trabajaba bajo condiciones precarias. Durante una visita en 1989, el estado brasileño descubrió a cientos de trabajadores, “la mayoría de ellos hombres afrodescendientes o morenos entre 15 y 40 años de edad y de comunidades pobres o de bajos recursos”.
Los trabajadores fueron timados por los llamados “gatos” o reclutadores de las granjas con la promesa de un salario atractivo, explica la CEJIL. Pero al llegar a los lugares de trabajo, se encontraron con una realidad diferente: trabajos forzados en condiciones inhumanas.
No recibían suficiente agua ni alimentos, eran obligados a pasar la noche en barracas construidas de lona u hojas de palmera y todo el día tenían un vigía que los acechaba e impedía que se escaparan.
Los hombres recién indemnizados vivían en las mismas condiciones.
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