“El que nada debe, nada teme”, sentenció el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, durante una entrevista con el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, días antes de huir de la justicia por dejar en ruinas la economía y tranquilidad de su estado.Adquisición de medicamentos falsos para el tratamiento de cáncer, pruebas falsas para la detección de VIH, irregularidades en la operación de servicios que llevaron a que caducaran miles de toneladas de medicamentos, 34 empresas fantasma que recibieron más de tres mil 300 millones de pesos del gobierno, deuda pública de 35 mil millones de pesos, cientos de muertos y desaparecidos son algunas de las hazañas que Duarte logró en su paso por Veracruz.
En medio de una profunda crisis, el estado ubicado en el sudeste mexicano tendrá unas difíciles elecciones que, ya sea bajo nuevas siglas partidistas, con la etiqueta de independientes o camuflados de un nuevo color institucional, la clase política buscará reciclarse el próximo 4 de junio donde acudirán 5.5 millones de personas a las urnas para renovar las 212 alcaldías.La pregunta que nos surge es ¿qué se puede hacer para sacar al estado del hoyo? La fosa clandestina más grande del país puede adentrarnos en la materia. En marzo se dio a conocer que al menos 253 cuerpos habían sido exhumados de 120 fosas clandestinas descubiertas en un predio de Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz.
Autoridades mexicanas han señalado que el terreno donde se han realizado los hallazgos presuntamente era utilizado por miembros del crimen organizado para deshacerse de sus víctimas.Lo alarmante es que las autoridades veracruzanas no fueron quienes dieron con este enorme cementerio, fueron los familiares de personas desaparecidas quienes dieron con el lugar tras participar en una marcha por el Día de las Madres, el 10 de mayo de 2016 y en la que, de manera anónima, les hicieron llegar un mapa del terreno entre los límites de Veracruz y el municipio de La Antigua, al este de la entidad.
Desde entonces, las madres no cesan su lucha para encontrar a sus seres queridos.
La “fosa más grande del país”, descrita así por Jorge Winckler, actual procurador de Veracruz, es el reflejo de la situación violenta que se vive en esa región. Según el reporte de las autoridades, basado en las denuncias presentadas o las carpetas de investigación abiertas en los ministerios públicos, se señala que en el periodo entre enero y febrero del presente año hubo en Veracruz 261 víctimas de homicidio doloso.Y es que si se revisan las cifras de los últimos tres años, el delito de homicidio doloso se incrementó casi tres veces, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).En 2014 ese crimen tuvo una tasa de 6.10 y para el cierre de 2016 alcanzó 15.52 casos por cada 100 mil habitantes, la más alta en 20 años. Para enero de este año, se registraron 102 asesinatos, 15 secuestros, 55 extorsiones, 237 denuncias por robo de vehículo con violencia y 489 carpetas iniciadas por robo de vehículo sin violencia.
Cifras del SESNSP reportan que desde el inicio de la contabilización oficial de delitos de alto impacto, en 1997 la entidad tuvo 722 homicidios dolosos, ocho secuestros, 53 denuncias por extorsión, 417 casos de robo de vehículo con violencia y mil 52 de robo de vehículo sin violencia. Para 2016, las cifras de homicidios dolosos casi se duplicaron y en otros delitos el crecimiento fue mayor.En total se reportaron mil 258 asesinatos, la cifra más alta en la historia de la entidad desde que el SESNSP lleva un registro. Asimismo, las cifras de incidencia de los delitos de alto impacto en esa entidad alcanzaron los números más altos registrados desde 1997 en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.De mantenerse la tendencia que presenta Veracruz este año en los delitos de homicidio doloso y privación ilegal de la libertad, el índice para finales del 2017 podría ser muy superior al que presentó la entidad el año pasado, cuando se denunciaron 142 secuestros y mil 522 asesinatos.
Se trata de números que dejan en evidencia la realidad de un estado vencido en materia de violencia e índice delictivo, casillas en las que a pesar de los esfuerzos gubernamentales y de la llegada de los refuerzos federales, las cosas siguen igual que el año pasado, e incluso peor. Muchos señalan a los narcotraficantes como los desatadores del infierno, pero sólo es una fachada. Para las madres, padres, hermanos, y pueblo en general, los culpables no son más que las autoridades que no han podido frenar el declive.
De acuerdo con las primeras indagatorias del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), la administración de Duarte no entregó el dinero a los gobiernos municipales, ni lo regresó a la Federación, ni pudo comprobar en qué se los gastó, por eso es acusado por desvíos de dinero público.De acuerdo con los datos de la denuncia presentada en la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, entre 2010 y 2015 la administración del priista retuvo sin justificación 504 millones 914 mil 218 pesos. Los recursos entregados inicialmente por el gobierno federal a la Secretaría de Finanzas de Veracruz correspondían al denominado Fondo para Zonas Metropolitanas.
El dinero debió ser transferido a los fideicomisos de los municipios de Veracruz, entre ellos los tres más poblados del estado: Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos. Pero el dinero nunca llegó a las arcas municipales, mermando al estado de alumbrado público, medicamentos, obras viales y programas sociales. Aunque parezca broma, eso no es todo. Entre agosto de 2016 y enero de este año el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS) ha presentado 10 denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de Veracruz en contra de la administración de Javier Duarte que ya representan un desvío acumulado que supera los 12 mil 900 millones de pesos.
Con ese dinero se podría pagar 6 veces el programa de la Secretaría de Salud, “Salud materna, sexual y reproductiva” que tiene un presupuesto de 2 mil 227 millones de pesos. También se podría invertir en la Secretaría de Gobernación para el Programa “promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” que tiene un presupuesto de 143 millones de pesos.Es decir, con el dinero robado por el gobierno de Javier Duarte se podría pagar una tercera parte del Programa de Pensión para Adultos Mayores que beneficia a 6 millones 289,170 personas adultas mayores que no cuentan con ningún tipo de jubilación.
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