La combinación de indígenas con armas de fuego, fue el pretexto que dieron las autoridades hace 22 años para justificar una masacre contra 17 campesinos en la comunidad de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero.Los 400 elementos del agrupamiento motorizado de la policía estatal además hirieron a otros 23, mientras que a los cadáveres les sembraron armas para justificar los asesinatos como un enfrentamiento.Era la época del último sexenio del priismo, con Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente y ocupado en explicar la devaluación del peso, pero con la presión de encontrar a los responsables de la matanza en Coyuca de Benítez, estado de Guerrero.El caso se calificó como un crimen orquestado desde las autoridades estatales, ya que los indígenas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur iban hacia un mitin político en esta región de la Costa Grande.
En la protesta demandarían que se liberara a Gilberto Romero Vázquez -a quien creían preso-, ya que estaba desaparecido desde un mes antes, pero hasta la fecha jamás lo volvieron a ver.En ese entonces, el gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer negó la masacre. Sin embargo, otros campesinos que participaban en la manifestación grabaron la caravana y demostraron que sus compañeros no iban armados.Con la masacre de Aguas Blancas surgió un años después el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, un movimiento armado que junto con las FARC de Colombia, se le considera el grupo guerrillero más antiguo de América Latina.Sin encontrar falsas coincidencias, por la investigación de la masacre hubo 43 personas sujetas a proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido y abandono de la función pública.
Quienes aún protestan y conmemoran a los 17 campesinos asesinados un 28 de junio de 1995, aseguran que todavía no se han detenido a los autores intelectuales de la matanza. Tampoco hubo una reparación del daño.Hasta la fecha, familiares de las víctimas han denunciado que son víctimas de hostigamiento, persecución y amenazas. Tanto el gobernador Figueroa Alcocer, como otros altos funcionarios, nunca pisaron la cárcel.La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una resolución, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al estado mexicano otorgar una indemnización a los familiares y a los sobrevivientes.La justicia no llegó para los responsables de emboscar a los campesinos, pero los deudos recibieron apoyos como vivienda, becas para los huérfanos y algunas cantidades de dinero en efectivo.
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