Deberían de estar en la escuela, preocupados por aprender y aprobar las materias, no fallar en los exámenes y pensando en qué quieren ser de grandes. Doctor, abogado, ingeniero, bombero o astronauta; profesiones que inundan los pensamientos de los menores que sueñan con hacer realidad sus sueños.
Esos ideales están siendo desplazados por la inmediatez de un trabajo y la posibilidad de tener dinero en sus manos. ¿Para qué seguir estudiando si su infancia es la característica ideal para convertirse en parte de los grupos de huachicoleros y obtener ganancias que nunca habían imaginado?
Esa pregunta ronda por los pasillos y los salones de clases de las escuelas que se encuentran dentro del llamado “Triángulo rojo” de Puebla, conformado por los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, localidades que son consideradas como “el paraíso” de los huachicoleros.
No existen cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública, pero la delegada del programa federal Prospera, Graciela Juárez García explicó en entrevista para el periódico Central que tienen datos que confirman que Puebla y particularmente las zonas en donde hay mayor actividad huachicolera registran altos números de deserción escolar.
“Tenemos 3 mil niños que desertaron en el Triángulo Rojo”, dijo Graciela Juárez. “Cuando un alumno de cualquier área no certifica su asistencia a la escuela, es dado de baja. Hay bajas en todo el estado, pero particularmente más en esta zona”.
El programa Prospera se encarga, entre otras cosas, de brindar apoyos económicos para los niños y adolescentes de bajos recursos para que puedan seguir estudiando, las becas que reciben van desde los 750 hasta los mil 500 pesos mensuales, dependiendo de la zona y del nivel educativo.
Esa cantidad no se compara con la que los grupos de ladrones de gasolina pueden ofrecerle a los menores de edad para que se unan a sus “negocios”. Los niños son utilizados para varias actividades; desde choferes hasta negociadores de venta, pasando también por ser los encargados de colocar las mangueras en los ductos ordeñados y también cumpliendo con labores de “halconeo”.
Los “halconcitos” se encargan de colocarse en lugares estratégicos para alertar a sus jefes cuando se aproxime una patrulla o una camioneta con efectivos del ejército; su niñez les da el disfraz ideal para pasar inadvertidos y así convertirse en informantes eficaces que pueden salvar de la prisión a sus compañeros de “trabajo”.
Por hacer este tipo de actividades, los niños y adolescentes pueden ganar sueldos que van desde los 5 mil hasta los 10 mil pesos mensuales, además de tener la posibilidad de ir escalando peldaños en la cadena del negocio huachicolero.
Existen pequeños que son reclutados por personas ajenas a su círculo cercano y cuya relación se limita a la de cualquier patrón y su empleado, pero existen otros que entran de lleno a esta actividad ilegal porque se trata de un “negocio familiar”, donde los padres y tíos se encargan de robar el combustible, mientras los menores se convierten en una especie de “agentes de venta”. Así lo demostró una investigación del portal poblano Página Negra, la cual fue difundida en video.
Recorren tianguis, mercados y centrales de abasto con una manguera en el cuello. Los más discretos sólo se acercan a los automovilistas que parecen interesados, pero otros ofrecen su producto con gritos como cualquier comerciante.
Las autoridades saben que la venta de combustible robado se hace en lugares públicos y a plena luz del día, sin embargo no realizan operativos porque temen que se desate un enfrentamiento armado como el que ocurrió a principios de mayo y las balas terminen por arrebatar la vida de civiles que no están involucrados.
Se trata de un crucigrama difícil de resolver, en donde los criminales actúan con total impunidad, muchas veces apoyados por las personas que consumen su producto porque es más barato que en cualquier gasolinera y, además, porque creen que de esa forma ayudan a que familias de sus propias comunidades tengan una mayor prosperidad.
Un problema que creció ante la mirada de las autoridades locales y federales que, cuando era apenas un brote, no quisieron resolver, y ahora que se trata de toda una red de negocios, no saben cómo frenar.
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