Las autoridades mexicanas violaron la ley, según el periódico estadounidense The New York Times (NYT), que tuvo acceso a una copia del reporte interno que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó sobre la investigación del caso Ayotzinapa sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, estado de Guerrero, en suroeste del país.
En este recuento del caso, se evaluó la actuación de los involucrados en el caso y ninguno queda bien parado.
El reporte, siempre según el rotativo norteamericano, dice que los sospechosos más importantes fueron arrestados y trasladados de manera ilegal, por lo cual, según la ley, la evidencia que se produjo de estos casos no debería ser aceptada como parte de la investigación.
Además, confirma que la Procuraduría llevó a uno de los sospechosos a una de las probables escenas del crimen sin un abogado defensor presente. El reporte de este hecho nunca fue consignado en los archivos y el lugar al que acudieron no fue resguardado por ninguna autoridad durante la noche.
Varios arrestos, basados en declaraciones de sospechosos, fueron ilegales, según el reporte. Además, las declaraciones obtenidas de esas detenciones ilegales, ya que no tenían órdenes de aprehensión ni evidencia de su involucramiento, también se encuentran fuera de la ley.
Hay evidencia de que 17 acusados fueron torturados para que declararan su culpabilidad en los hechos.
Las fechas consignadas en las investigaciones no concuerdan con la realidad. Documentos importantes están perdidos. Un investigador, cita el diario, firmó dos documentos el mismo día en dos lugares diferentes, algo imposible físicamente.
El líder de la investigación, Tomás Zerón, acudió a una de las probables escenas del crimen acompañado de uno de los sospechosos arrestados. La declaración del acusado dice que Zerón le pidió señalar el lugar como uno de los sitios donde se llevó a cabo la desaparición de los estudiantes. Nada de esto aparece consignado en la investigación, según el reporte.
Zerón renunció en septiembre pasado a su cargo en la PGR, pero fue nombrado secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad por el presidente Enrique Peña Nieto. Ambos han trabajado juntos durante más de 10 años.
El manejo incorrecto del caso era una de las posibilidades que ciudadanos, organizaciones y activistas habían denunciado, pero ésta sería la primera evidencia, venida de la misma PGR, que confirma esas sospechas.
El documento fue terminado a mediados de agosto de este año. Está compuesto de 177 páginas, impresas y listas, según el NYT, para ser entregado a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos. Pero el reporte nunca llegó a sus manos.
La reunión entre la oficina del procurador y los familiares de la víctima ocurrió el 18 de agosto. Para ser entregado el reporte a los asistentes, tenía que ser “aprobado por sus superiores”. Nunca volvieron a saber sobre el tema.
El encargado de realizar la investigación, César Chávez Flores, renunció un mes después de la reunión de manera abrupta. El reporte permanece en un “limbo burocrático”, según el NYT.
El gobierno mexicano, como advierte el diario, se ha negado sistemáticamente a revelar el contenido del informe, lo cual “amenaza los cimientos legales del caso”. La desaparición de los normalistas llamó la atención a nivel internacional desde que el caso se dio a conocer, a finales de septiembre de 2014.
El primer reporte de los malos manejos y de la existencia de un reporte interno fue dado a conocer por primera vez por la periodista mexicana Anabel Hernández, del semanario Proceso, en su libro “La verdadera noche de Iguala”, publicado en noviembre pasado.
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