La familia de Juan Flores Solorio se encontraba tranquila dentro de su hogar el 25 de noviembre de 2015 en el municipio guanajuatense de Pénjamo.
La puerta de la casa se abrió de golpe y un militar entró gritando. Entre órdenes y amenazas permitió la entrada de otros cinco elementos que lo acompañaban y sometieron a Juan frente a su esposa, nuera, hijos y nietos mientras lo sacaban de su casa para llevárselo.
Los familiares gritaron con desesperación: ¿por qué se lo llevan? El cinismo de la respuesta los dejó mudos: “porque podemos hacer lo que queramos”. Y con el eco de las palabras de la impunidad todavía en el aire, vieron desaparecer en medio de la oscuridad a su familiar.
El número de casos de desaparición forzada en México tiene niveles similares a países que han experimentado guerras civiles y violencia política como Siria y Pakistán. Desde el 2008 han sucedido 136 casos, al igual que en la república árabe de Siria.
Con el argumento de que Juan Flores había insultado a la autoridad, los militares lo llevaron a una sede ministerial, donde lo tuvieron detenido cerca de seis horas de manera ilegal. No había ningún cargo en su contra ni una orden judicial que aprobara su captura. Aquella noche fue la última vez que sus familiares lo vieron.
Celia Mora, esposa del desaparecido, denunció los hechos y sostuvo una pelea legal para encontrarlo. Un mes después, su nuera, Erika Murillo, testigo del allanamiento por parte de los militares y quien compartía casa con la familia Flores, fue asesinada junto con su primo en su misma colonia en “circunstancias poco claras”.
Tras el crimen, Celia Mora abandonó su casa y no volvió a los juzgados donde realizó las denuncias sobre la desaparición de su esposo. Hasta la fecha no se sabe nada de ella.
El proceso legal continuó por medio de un representante asignado por la autoridad judicial. La denuncia advierte que los militares no están facultados para hacer detenciones por faltas administrativas, aun cuando Juan Flores los hubiera insultado.
También acusa declaraciones contradictorias entre los jefes policiacos y contra los relatos de los propios soldados.
UNA DECISIÓN HISTÓRICA
Durante las averiguaciones del caso, se reveló un video donde se muestra cómo la noche en que detuvieron a Juan Flores, los militares lo liberaron horas después de allanar su domicilio. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la policía municipal grabaron el momento en que salió y nuevamente fue retenido por los militares.
Con esto como prueba, la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Guanajuato –Karla María Macías Lovera–, tomó una decisión sin precedentes, que incluso no logró obtener ni el GIEI en el caso Ayotzinapa.
La juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitir el acceso a cualquier instalación militar para la búsqueda de la víctima de desaparición forzada a manos del personal militar del Octavo Regimiento Militar de Pénjamo Guanajuato.
Como parte del amparo, se obligó a las autoridades a reparar el daño y se estableció que el amparo no quedará cumplido en tanto no aparezca Flores Solorio con vida o en su caso, se localicen los restos que acrediten plenamente su identidad. Además, se ordenó fincar cargos a los responsables del hecho.
La reciente decisión de la juez abre precedentes para un caso que nunca antes se había dado en el país y obliga a la fiscalía a buscar a Juan Flores, a hacer pública su investigación y a actualizar cada semana sus avances.
Esto se debe a que no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trata de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o
delitos de lesa humanidad.
Tras la difusión de la sentencia, la Procuraduría dijo estar en espera de la notificación oficial, pero aseguró que respeta la decisión de la autoridad jurisdiccional y reiteró su compromiso de realizar las investigaciones de manera exhaustiva y eficaz.
Han pasado 10 meses desde lo ocurrido. Una serie de acontecimientos que por la normalización de la violencia en el país se encontraban perdidos en la memoria colectiva de los mexicanos y hoy resurgen como un hecho histórico para la justicia en el país.
*Con información de: El País y El Financiero
