“Los capitalistas fueron los primeros que utilizaron el dinero para hacer más dinero, no como un medio sino como un fin…¡para tener poder!” decía Eduardo del Río (Rius) en su Trukulenta Historia del Kapitalismo y sigue teniendo toda la razón. Para muestra de ello, un botón: la truculenta historia de un edificio de oficinas que se pretendía construir sobre periférico sur, en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 3,042, colonia San Jerónimo Aculco, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México, mejor conocido como Presa Anzaldo.
Durante aproximadamente más de cinco años, la desarrolladora responsable de dicho predio y edificio, construyó 11 niveles por debajo del nivel de la banqueta y 18 niveles por encima del piso, al amparo de la ilegalidad y sobre todo, con una actitud de impunidad o prepotencia dignas de las peores prácticas del capitalista que se siente poderoso e invencible.
La estructura de Presa Anzaldo se construyó sin cumplir los requisitos para obtener el trámite de Registro de Manifestación de Construcción Tipo “C”, tales como el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, el Dictamen Favorable de Impacto Urbano y la Autorización en Materia de Impacto Ambiental. Además, dicho predio está dentro de un Área Verde y colinda con un vaso regulador que tiene una importante función para la recolección de agua de lluvia de la Ciudad, que es la Barranca “Magdalena Eslava”.
Pero vamos por partes. El desarrollador nunca demostró que tuviera uso de suelo que le permitiera hacer esta obra destinada a oficinas. El Programa de Desarrollo Urbano (PDDU) de 1997 de la Alcaldía Álvaro Obregón, le asignaba al predio la zonificación de Área Verde, que se otorga a áreas verdes con valor ambiental, como bosques, barrancas o zonas verdes. El PDDU de 2011 no le asignó uso al predio ya que aparece sin simbología. Sin embargo, en la anterior administración se le expidieron certificados que le asignan al predio zonificaciones distintas a Área Verde.
Adicionalmente, obtuvo un Registro de Manifestación de Construcción irregularmente, ya que el uso de suelo de oficinas, no está permitido para dicho predio y el registro se realizó sin presentar certificado de uso del suelo, el dictamen de impacto urbano y la manifestación de impacto ambiental que de hecho le fue negada. En 2015 la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) negó a la desarrolladora la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto que presentaron en ese entonces y resolvió que no se podría realizar ninguna obra y/o actividad en el predio, toda vez que el proyecto se pretendía ubicar sobre un Área Verde. Pese a todo ello, la construcción continuó.
A partir de denuncias ciudadanas, la PAOT inició una investigación y emitió una Resolución Administrativa desde enero del año 2017, en la que estableció entre otras cosas que al predio le aplica la zonificación AV (Área Verde), en donde los usos permitidos son solamente para canchas deportivas, áreas recreativas y de esparcimiento al aire libre; por lo que está prohibido el uso para oficinas y servicios.
En julio de 2016, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México emitió opinión técnica en materia de protección civil, en la que determinó que los trabajos de obra que se realizaban en dicho predio se consideran de Riesgo Alto, toda vez el predio colinda con un canal de ingreso de agua al vaso regulador de la presa, existiendo una inestabilidad en las laderas, además de que tenía antecedentes de inundación en temporadas de lluvias.
Es así que aproximadamente desde el año 2017 la PAOT inicia una batalla legal contra el desarrollador, para declarar la nulidad del Registro de Manifestación de Construcción y de los Certificados de Zonificación emitidos irregularmente. Todo este litigio pasó por una acción pública, la contestación a diversos recursos, juicios de amparo e incluso una denuncia penal que presentó PAOT en contra del Director Responsable de Obra, Corresponsable, Constructor, Representante Legal y/o Propietario ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, por la que se inició una carpeta de investigación en 2018.
Por fortuna, el cambio de administración significó una vuelta de tuerca para el desarrollador, pues las elecciones de 2018 dieron un mandato ciudadano claro para poner orden en la Ciudad, de forma tal que desde el inicio de la gestión de la Dra. Claudia Sheinbaum, se instruyó la revisión de todos aquellos proyectos inmobiliarios que habían sido autorizados con irregularidades en la pasada administración, por lo que diversas autoridades iniciaron acciones legales y judiciales para impedir la impunidad de desarrollos, entre los que se encontraba evidentemente el edifico de Presa Anzaldo.
Es así que ya con el nuevo gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) promovió en junio de 2019, un juicio de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX; la Alcaldía Álvaro Obregón emitió un acuerdo administrativo que ordenaba la demolición que fue impugnado por el desarrollador; y en julio de 2019 la SEDEMA emitió una resolución a través de la cual se determinó la demolición del inmueble y la imposición de multas por un monto de 61 millones 441 mil 843.33 pesos por carecer de MIA. El representante legal de la desarrolladora promovió un juicio de nulidad en contra de dicha determinación administrativa, por lo que el desarrollador obtuvo de manera provisional la suspensión del acto y continuó con la construcción.
Por fortuna, tras un largo proceso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se desechó por extemporáneo el recurso de apelación presentado por los responsables de las obras y dado que ya se cumplió con el tiempo legal establecido en el dictamen de daño ambiental, se acordó a principios de noviembre de 2020 que diera inicio la demolición. Este caso marca además un importante precedente legal y judicial para la justicia restaurativa, toda vez que es la primera vez que se ordena una demolición por carecer de Manifestación de Impacto Ambiental. La demolición durará aproximadamente 60 días y tendrá un costo estimado de 30 millones de pesos que correrán a cargo de la desarrolladora.
Esta es la breve pero truculenta historia de un largo litigio en contra de un desarrollador que pretendía quedar impune. Pero también es una historia que muestra la determinación de la Jefa de Gobierno por poner orden, terminar con la impunidad y los abusos inmobiliarios y sobre todo, es una historia de éxito en la defensa de los derechos ambientales y urbanos de los capitalinos.
Sin lugar a dudas no resulta sencillo poner orden. Las autoridades y el Gobierno de la Ciudad debieron acreditar legalmente que les asistía la razón y el derecho. Pero con la demolición del edificio de Presa Anzaldo se envía un mensaje claro a todos los desarrolladores inmobiliarios de que es posible invertir en la Ciudad y coadyuvar en su reactivación económica, pero siempre cumpliendo la ley, más aún cuando se trata de respetar nuestras áreas verdes y los derechos de las personas.
*Las columnas de opinión de Cultura Colectiva reflejan sólo el punto de vista del autor.
