Foto: Doctorante Ricardo Rubio. Especialista en Parlamentarismo, Derecho Constitucional y Administrativo.
A pesar de que el pasado 17 de junio el Gobierno de la Ciudad de México decretó la condonación parcial del pago del predial y el 100% de recargos, multas y gastos de ejecución generados durante los primeros tres bimestres de 2020, además de hacer un anuncio difuso sobre posibles nuevas medidas para apoyar a la población en general y a las empresas, sumado a que todavía están avalando las reformas que propuso la Jefa de Gobierno a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; todas estas medidas podrían ser tardías.
De acuerdo con la CANACOPE (Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México) el 90% de los 240 mil comercios que regresarán a las actividades está endeudado, y el 40% de los 400 mil pequeños negocios que hay en la Ciudad de México ya no podrá abrir, pues ya no pudieron sobreponerse a la caída en las ventas durante la pandemia por el Covid-19. Asimismo, se estima que 160 mil de estas pequeñas empresas pasen a la informalidad para subsistir, esto es muy grave porque precisamente son los pequeños comercios los que generan 7 de cada 10 empleos.
A glosa de lo anterior, la propuesta por Sheinbaum para adicionar los artículos 23 bis y 88 de la Ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, la faculta para que en caso de emergencia sanitaria o desastre natural, de manera discrecional realice las reducciones del presupuesto de egresos que estime necesarias a los órganos autónomos y de gobierno, dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades; así como de cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones, imponiéndoseles la obligación de hacer los respectivos ajustes presupuestarios. En caso de no hacerlo, la Secretaría de Administración y Finanzas se encontrará facultada para ello.
El enfoque opuesto a Sheinbaum, señala que la reforma contraviene los artículos 21, 29, 32, 35, 46, 53 y 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que vulnera el principio de división de poderes, pues es facultad exclusiva del Congreso de la Ciudad de México el expedir el presupuesto y el gasto público de la ciudad. Con estas reformas se eliminan las facultades del Congreso de la ciudad en esta materia, ya que no se le tomaría en cuenta para modificar el presupuesto que ese órgano parlamentario aprueba año con año –salvo honrosas excepciones en donde exista renuencia de órganos autónomos y de gobierno a reducirse el presupuesto–. Trasladándole así el costo político al Congreso de la ciudad para que éste lo haga a iniciativa de la propia persona titular de la Jefatura de Gobierno; es decir, se trata de una reforma muy similar a la que presentó el Presidente de la República con la adición del artículo 21 Ter de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que hasta el día de hoy no ha prosperado porque no generó el consenso necesario.
Otro argumento detractor, es le hecho de que con esta reforma se puede ver comprometido el presupuesto asignado para satisfacer servicios básicos prestados a la ciudadanía, como son la seguridad, el suministro de agua, transporte, desazolve, bacheo, reparación de luminarias, recolección de basura, e inclusive hacer mucho más lento el presentar y darle trámite a una denuncia ante la Fiscalía, darle curso a una queja ante la Comisión de Derechos Humanos o a una simple solicitud de información pública; sin mencionar que los procesos judiciales podrían ser aún más lentos y tortuosos, esto es así porque el pasado 12 de junio la propia Secretaría de Finanzas anunció que tiene la intensión de recortar el 8% del presupuesto a las Alcaldías, lo que representa una cantidad de 3 mil 497 millones 422 mil 708 pesos.
Otro factor a considerar, y que empeora esta difícil situación en la ciudad, es que luego de varios años de permanecer entre los 25 países más atractivos para la llegada de inversión extranjera, México dejó de pertenecer a ese grupo en el ranking 2020 que mide la consultoría Kearney. La caída se debe a las decisiones del primer año de gobierno de la 4T, entre las acciones que influyeron negativamente están la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la priorización de inversiones en proyectos de bajo impacto económico y social en el entorno actual, como la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, los cambios en las reglas del sector energético que impiden rondas de exploración y los nuevos proyectos de generación de energía limpia; así como otros proyectos con permisos que se detuvieron “sin fundamento legal”, como la cancelación de la planta de bebidas “Constellation Brands”, así como la “falta de un plan de desarrollo económico y social con visión estratégica”. Todo esto implica la pérdida de miles de empleos potenciales e inyección de capital extranjero fresco, especialmente en la Ciudad de México, que es el centro de negocios por excelencia del país.
A lo anterior se suma el subejercicio del Gobierno de la Ciudad de México, que de acuerdo con la cuenta pública del 2019, intutilizó 2 mil 903 millones de pesos, que bien pudieron ser recursos que se reorientaran para el rescate de los pequeños negocios o en su defecto para la atención de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia originada por el Covid-19, dotando a hospitales de la ciudad de los insumos necesarios de los que hoy carecen, porque de la pandemia se supo desde diciembre del año pasado. Se pudieron tomar medidas emergentes que aminoraran el impacto sanitario y económico de la ciudad, en cambio hoy de forma atropellada y prácticamente “sobre las rodillas” se pretende resolver una grave problemática con medidas arbitrarias, inadecuadas e impopulares, y que a la postre traerán consigo impactos políticos negativos y un desastre tanto en las finanzas públicas del gobierno de la ciudad como en el desarrollo económico de la capital del país.
Entonces vale la pena recordarle a nuestras autoridades aquel adagio de Adam Smith que dicta “el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado”.
