En la foto: Mariana Boy Tamborrell, Procuradora de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
Los cronistas urbanos han descrito desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, los cambios sociales y urbanos que como expresaba Carlos Monsiváis “elevan lo cotidiano al rango de lo idiosincrático –aquello sin lo cual los mexicanos serían, por ejemplo, paraguayos–”. Y se trata precisamente de eso, no solo vivimos dentro de las ciudades, sino que las habitamos con sus sitios característicos y representativos de la arquitectura, la historia o el arte y cuyas expresiones cívicas, esculturas o edificios, no solamente son evocaciones de poder o recordatorio de logros históricos, también son simultáneamente “escenario de reuniones conmemorativas y citas de amor” decía Monsiváis, es decir, se trata de los sitios donde ocurre nuestra propia vida, por lo que irremediablemente están atados a nuestra identidad.
Durante el siglo pasado comenzó a forjarse el derecho del patrimonio cultural, como un componente básico de nuestros derechos humanos, toda vez que la dignidad humana está vinculada no solamente al derecho a la vida, a la vivienda o al trabajo, sino también al espíritu, a la identidad, es decir a la cultura. Gracias a ello muy diversos convenios internacionales han ido conformando esta estructura de derechos, desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– en 1945 que comenzó a registrar y preservar el patrimonio mundial de 167 países.
Pero existen muchos ejemplos de este reconocimiento de derechos culturales y patrimoniales: la Convención de La Haya que en 1954 estableció la noción universal del bien cultural con independencia de su origen y propietario, a los bienes, muebles o inmuebles que tengan importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia; la firma en 1966 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); o en 1972 la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.
Ésta última convención consideró como patrimonio cultural a los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumental, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, incluyendo sitios arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
Nuestro país y nuestra Ciudad de México son particularmente ricos y diversos en su patrimonio arquitectónico y cultural. De ello han escrito notables cronistas de la capital como Guillermo Tovar y de Teresa, Carlos Monsiváis, Salvador Novo o Artemio de Valle Arizpe, un género que Monsiváis calificó como “ese arte de comentar literaria y críticamente la actualidad” mediante “una reconstrucción literaria de sucesos o figuras”, por lo que para conocer dicha riqueza hay que visitarlos, vivirlos, habitarlos y leer su historia y pasado a través de los escritos que han dejado estos grandes cronistas. Lo que me propongo yo, es más bien comentarles la problemática que enfrentan y el andamiaje legal que se ha ido construyendo para procurar su conservación.
En la Ciudad de México coexiste la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal, así como otros instrumentos jurídicos como declaratorias de zonas o áreas de conservación patrimonial a cargo de autoridades federales y locales mediante los cuáles se procura su cuidado y conservación.
La legislación local define como patrimonio urbanístico, arquitectónico, artístico e histórico, a todas aquellas expresiones que tienen un valor, histórico, cultural o artístico, todos ellos son monumentos e inmuebles que requieren ser preservados para ser disfrutados por todas las generaciones. Son Monumentos Históricos los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, como los templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos, edificios dedicados a la administración, como son la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional o los restos del Templo Mayor y se encuentran catalogados y clasificados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por su valor histórico y arqueológico.
Son inmuebles declarados como Monumentos Artísticos o con valor artístico, todos aquellos que son representativos del arte o la arquitectura y que cuentan con valor estético y son catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Entre los inmuebles declarados como Monumentos Artísticos se encuentran el Palacio de Bellas Artes, el Edificio de Correos, el Monumento a la Revolución, el Museo Nacional de Antropología, el Banco de México o la Casa Luis Barragán.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) de la Ciudad de México cataloga bienes culturales por su valor arquitectónico y para el patrimonio urbano, por ejemplo, el Condominio Reforma Guadalquivir, ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma número 369, es el primer edificio con la modalidad de propiedad compartida en sentido vertical que existió en el país.
De las 85,206 fichas de inmuebles catalogados publicadas por el INAH en 2020, en la Ciudad de México se encuentran registradas más de 5 mil, de las cuales poco más de 3,200 pertenecen a Monumentos Históricos, cerca de 500 fichas pertenecen a Conjuntos Arquitectónicos y más de 1,300 corresponden a Bienes Inmuebles con Valor Cultural. De hecho en la Ciudad de México hay aproximadamente 16 mil inmuebles catalogados, muchos de ellos catalogados al mismo tiempo por más de una institución pública, de esa forma SEDUVI tiene 8,744 inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, el INBAL cuenta con 10,075 inmuebles catalogados con valor artístico y el INAH con 3,433 catalogados con valor histórico.
Adicionalmente se establecen Áreas de Conservación Patrimonial, es decir, polígonos o áreas geográficas que por sus características forman parte del patrimonio cultural urbano y cuentan con una declaratoria federal mediante decreto que las define como zona de monumentos históricos, arqueológicos o artísticos. En la Ciudad de México existen hasta 176 Áreas de Conservación Patrimonial que comprenden más de 17 mil hectáreas de superficie y que representan el 27.73% del territorio de la capital del país. Dentro de dichas Áreas de Conservación Patrimonial existen 6 zonas de Monumentos Históricos.
Gran parte del problema para proteger todo este patrimonio es que los bienes culturales catalogados suelen ser intervenidos –modificados, remodelados o incluso demolidos– sin contar con los permisos de las autoridades competentes, como es el Dictamen Tdebe emitir o y Espacio Público en caso de inmuebles catalogados por ivada y ayor voniales: lo fue en forma de miscelciones de lécnico que debe emitir la SEDUVI en el caso de inmuebles catalogados con valor arquitectónico o para el patrimonio urbano; la opinión técnica o visto bueno que debe emitir el INBAL en caso de inmuebles con valor artístico; o la autorización que debe otorgar el INAH para realizar obras o modificaciones a los inmuebles con valor histórico o arqueológico.
Las afectaciones a los inmuebles catalogados se realizan principalmente de manera clandestina y en algunos casos, los responsables pretenden amparar las intervenciones realizadas, argumentando la realización de trabajos menores como es el cambio de acabados con base en el Art. 62 del Reglamento de Construcción para la Ciudad de México y no mediante la solicitud formal de Licencia de Construcción Especial y/o el Registro de Manifestación de Construcción correspondiente que debe tramitarse ante la Alcaldía.
Los sitios donde principalmente se presenta esta problemática por afectación a inmuebles catalogados se encuentran dentro de los polígonos de las áreas de conservación patrimonial y zonas de monumentos históricos, como el Centro Histórico de la Ciudad de México, Coyoacán y Tlalpan; así como en las colonias Centro, Roma, Condesa, Hipódromo, Juárez, Cuauhtémoc, Santa María la Rivera, San Ángel y Polanco.
En todo este proceso de protección del patrimonio urbano, ha venido interviniendo la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver la PAOT, si a diferencia del INBAL, del INAH o de SEDUVI no tiene atribuciones para dictaminar, catalogar o dictar lineamientos sobre los cuidados y protección de estos inmuebles?
En efecto la PAOT no puede catalogar ni autorizar las intervenciones a dichos bienes culturales, sin embargo entre sus atribuciones si está la protección del patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México. Para ello la PAOT cuenta con un instrumento denominado “Acción Precautoria” que le permite suspender o detener las obras con objeto de prevenir daños o pérdidas irreparables a los inmuebles catalogados intervenidos sin permiso.
Por ello, durante la actual administración hemos venido fortaleciendo la coordinación con las autoridades culturales y urbanas encargadas de catalogar y cuidar estos bienes culturales y tan solo durante los años 2019 y 2020, se han impuesto diecisiete de las veinte acciones precautorias que en total ha impuesto la PAOT para detener una intervención ilegal en un inmueble catalogado. Además, me complace decir que fruto de esa coordinación, hoy tenemos el primer caso de justicia restaurativa y reparación del daño a un inmueble que había sido intervenido sin autorización en la colonia Condesa.
¿Por qué es tan relevante proteger nuestro patrimonio cultural y urbano? No solamente lo piense el lector como un discurso más sobre la protección de nuestros derechos humanos, sino más bien como lo que nos quería decirnos Monsiváis: los monumentos son escenario de reuniones y citas de amor, son parte de nuestra identidad, de nuestra vida, de nuestra memoria.
