En la foto: Mariana Boy Tamborrell, Procuradora de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
Jorge Ibargüengoitia relata en un artículo titulado ‘Colonos. Recuerdos de un fraccionador’ que el levantamiento topográfico de unos terrenos para vender y escriturar “parecía el mapa de una olla de frijoles, porque la mayoría de los terrenos eran arriñonados”. Dicho mapa tomó esa forma cuenta Ibargüengoitia, toda vez que de las únicas veinte casas que había en línea recta de sus habitantes originarios, se reprodujeron los hijos, los nietos, los bisnietos y con excepción de las personas que migraron, todos construyeron el resto de casas que no quedaron en línea recta y cuyos terrenos y linderos se invaden de forma constante unos a otros.
La imagen de este mapa de riñones muestra la realidad del desorden de nuestras sociedades impactando todo tipo de territorios con consecuencias económicas, sociales y ambientales muy complejas y devastadoras. En el crecimiento de los asentamientos humanos se advierte una especie de caos, que requiere ser planificado, ordenado o conducido, de ahí que apareciera una disciplina o teoría de la gestión pública que lleva por nombre precisamente el de ordenamiento del territorio.
Y a decir verdad se escucha bastante atractivo que frente al caos de muchos asentamientos humanos –contaminación, desigualdad, falta de vivienda, de oportunidades y de servicios públicos, basureros, deforestación, enfermedades, etc.– se lograra planificar el desarrollo urbano y territorial de tal modo que las personas contaran con vivienda digna; formas de ganarse la vida de forma lícita lo más cercano a sus domicilios; servicios como transporte público, agua potable, drenaje, electricidad y manejo de residuos eficaces; así como aire limpio y áreas verdes para el sano esparcimiento y respeto por el medio ambiente. Es decir, casi el paraíso.
Y es que el ordenamiento territorial pretende abarcar tantos aspectos de la vida humana al incorporar elementos geográficos, urbanos o rurales, ecológicos y culturales en una región determinada, y resolver al mismo tiempo los problemas ambientales, sociales, económicos y de infraestructura que implica ocupar y transformar un espacio de forma sostenible, que tal parece una teoría de todo o como dijo Ibargüengoitia, una olla de frijoles.
El concepto mismo de orden en materia territorial resulta ambicioso, toda vez que los asentamientos humanos son una especie de organismos vivos, en los que hay cambios y transformaciones constantes debido a las cientos, miles o millones de personas que toman decisiones todos los días con consecuencias acumuladas para el territorio que ocupan. Muchas de esas decisiones se toman bajo plena libertad y legalidad, como por ejemplo el consumo excesivo de agua o de productos que pueden tener efectos ambientales adversos. Muchas otras decisiones pueden tomarse en contra de las legislación vigente, como por ejemplo construir pisos excedentes o invadir una barranca.
Dicho lo anterior, trataré de exponer los 5 puntos de lo que en mi humilde opinión, todo ciudadano preocupado por mejorar las condiciones de vida de su ciudad y el medio ambiente, debe saber sobre cómo y con qué se come el ordenamiento territorial:
1.- Se planea para tratar de armonizar las actividades humanas y servicios para su subsistencia.
La formulación de planes de desarrollo urbano de tu colonia o Alcaldía, o los planes de manejo de un área natural protegida, importan básicamente porque ahí se determinan cuáles son los mejores usos o actividades para cada predio o terreno. Es decir, se regula si se permiten oficinas, comercios o industrias en un terreno o solo puede ser habitacional, con el objeto de armonizar distintos derechos, como el derecho al descanso o a la vivienda, con el derecho a dedicarse a alguna actividad económica para vivir.
Aún tratándose del plan de manejo de un área natural protegida o un área verde, se prohíben o permiten diversas actividades humanas dependiendo del riesgo que representan para la conservación de la biodiversidad o para los servicios ambientales que presta dicho sitio al ser humano, como es la recuperación de agua, la regulación del clima y muchos otros. Una vez establecidos los usos de suelo las autoridades y ciudadanos deben procurar su cumplimiento.
2.- Se planea periódicamente para no andar a ciegas.
Ya hemos dicho que los asentamientos humanos son una especie de organismos vivos, por lo que los programas de desarrollo y de manejo deben someterse a evaluación y actualización constante. En la Ciudad de México por ejemplo, el programa de desarrollo vigente para Cuajimalpa data de 1995 y el de la Alcaldía Benito Juárez es del 2005. No resulta funcional tener un documento que ordena usos de suelo desactualizado y apartado de cómo funciona en la realidad.
En nuestro país se incrementan los asentamientos humanos irregulares en zonas inadecuadas o en riesgo, como en suelo sin planificación alguna y con una baja o nula calidad de servicios públicos, que solo amplían la frontera de pobreza y desigualdad humanas. Pero no tenemos en realidad información cierta sobre estos asentamientos. El INEGI no registra en sus conteos de población si las viviendas se encuentran o no en suelo irregular, pero existe un dato de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares respecto de la certeza jurídica de la propiedad, es decir, si cuenta o no con escrituras. Aún cuando hay muchas razones por las que una propiedad o la familia que la habita no cuenta con una escritura pública, el problema estimado de asentamientos irregulares sería algo similar a un 29% de familias de localidades mayores a 2,500 habitantes.
3.- El territorio es uno solo, no tiene sentido separar lo urbano y lo ambiental.
La legislación mexicana ha separado el desarrollo urbano del ambiental. Desde el punto de vista legislativo, se dispone de la formulación de programas de desarrollo urbano previstos por la Ley General de Asentamientos Humanos y por otro lado exige programas de ordenamiento ecológico y territorial a partir de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta situación dificulta la regulación y comprensión del territorio como una sola entidad.
En la Ciudad de México es fácil comprender que el crecimiento de la mancha urbana, significa puntualmente perder zonas forestales del suelo de conservación, así como incrementar los problemas en los municipios conurbados de la zona metropolitana, que han crecido sin planeación para la dotación de servicios públicos, saturando y complicando la movilidad y el transporte público y agotando la disponibilidad de recursos como el agua potable. Sin embargo, cuando hablamos de ordenamiento ecológico en otras entidades de nuestro país, en donde aparentemente sobra el territorio, parece que hablamos en el desierto cuando la realidad es que poco a poco se van agravando los problemas ambientales.
4.- Las ciudades importan cada vez más.
Es en las ciudades y centros urbanos donde consumimos y desperdiciamos recursos como si estos provinieran de fuentes inagotables. Las ciudades demandamos cantidades extraordinarias de materias primas y recursos naturales y al mismo tiempo, expulsamos diariamente toneladas de desperdicios y residuos de todo tipo. Para ampliar sus áreas urbanas, las ciudades demandan miles de toneladas de grava y arena para construir, pavimentar y repavimentar, por lo que se explotan zonas serranas y cerros enteros para extraer dichos materiales. Se demanda también una gigantesca cantidad de productos agrícolas y agropecuarios que llegan a grandes centros de abasto y mercados públicos, pero que desafortunadamente miles de toneladas de alimentos en buen estado terminan desperdiciándose. Todo este flujo de recursos hacia las ciudades lo conocemos ahora como “metabolismo urbano” y está lejos de ser sostenible.
Nuestro país sigue la misma tendencia que se observa en el mundo: una concentración cada vez mayor de población en localidades con un número de habitantes igual o mayor a 2,500 personas. Salvo contadas excepciones como Chiapas, que observa una dispersión inusual de población asociada a conflictos sociales y religiosos, las estimaciones del INEGI y de CONAPO establecen muy claramente que alrededor del 80% de mexicanos habitan en un centro considerado urbano.
5.- El desarrollo debe ser un proyecto de todos.
El ordenamiento requiere paradójicamente una amplia participación ciudadana para diseñar los programas de desarrollo urbano o los planes de manejo de áreas naturales protegidas, toda vez que es un derecho humano que las personas puedan opinar sobre los proyectos que pueden afectar su calidad de vida. Desafortunadamente el ordenamiento territorial está repleto de conceptos tan elaborados en la legislación vigente como redensificación, polígonos de actuación, transferencia de potencialidades, sistemas de actuación por cooperación y otros parecidos, que el tema pareciera ser accesible solo a un puñado de iniciados e ilustrados que se reúnen para leer el Tractatus Logicus-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. El principio básico debe ser que todos tengamos la oportunidad de opinar y de ser consultados sobre los proyectos que pueden impactar nuestra comunidad, por lo que resulta relevante mejorar el acceso a la información y entendimiento sobre estos temas.
