México contra el tráfico de armas

México contra el tráfico de armas

Por: Fabian Medina -

México y Estados Unidos sufren el dolor de la violencia armada, que demanda el fortalecimiento inmediato en la cooperación bilateral para detener el tráfico ilícito de armas

México contra el tráfico de armas 1Foto: Shutterstock

El 3 de agosto de 2019, en un tiroteo tipificado como crimen de odio, perdieron la vida a manos de un estadounidense en un centro comercial en El Paso, Texas, 8 mexicanos de entre 22 víctimas. Asimismo, el 10 de enero pasado, un niño de 11 años abrió fuego en su escuela en Torreón, Coahuila, donde causó la muerte de su maestra, hirió a seis compañeros y se quitó la vida después. El menor utilizó dos pistolas de calibre 0.40 y 0.25 —una de ellas de fabricación europea— que no contaban con permisos legales. Ambos casos son ejemplos, claros y lamentables, que ilustran los riesgos de la posesión, tráfico y venta ilícita de armas que terminan en manos equivocadas: crimen organizado, adolescentes y niños.

México y Estados Unidos —países vecinos, aliados y amigos— sufren el dolor de esa violencia armada, que demanda el fortalecimiento inmediato en la cooperación bilateral para detener el tráfico ilícito de armas. 

Small Arms Survey reportó en 2017 que el 50% de los asesinatos violentos en el mundo tenía como común denominador la presencia de armas de fuego. En el ranking global, México se situó en el lugar 11 y Estados Unidos, en el 23. Por otra parte, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en México 5 mil 735 personas perdieron la vida a causa de la violencia armada en 2006, representando el 54.9% del total de homicidios de ese año. En 2018 la situación se agravó: 24 mil 349 personas perecieron por ese motivo, constituyendo el 67.7% de los homicidios. Además, de acuerdo con un estudio publicado en Journal of Epidemiology and Community Health se identifica que a partir de 2005 la violencia generada por el tráfico de armas de fuego se vio reflejada en una disminución en la esperanza de vida en varias entidades federativas de México, destacan aquellas con antecedentes de altos índices de violencia. En definitiva, son cifras alarmantes.

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El gabinete de seguridad del Gobierno de México reportó en 2019 que los principales puntos de incautación de armas ilícitas fueron Tamaulipas y Sonora, seguidos por Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila. Por su parte, las agencias estadounidenses de procuración de justicia estiman que hay más de 56 mil 500 armerías en EUA, y tan solo en California, Arizona, Nuevo México y Texas, los cuatro estados que colindan con México, se ubicaron más de 9 mil establecimientos legales de venta de armas. Adicionalmente, en la zona fronteriza se registran más de 22 mil licencias para la venta de armas, ya sea en establecimientos físicos o por Internet. En Estados Unidos hay más de 300 millones de armas en manos de civiles, de las cuales entre 213 y 230 mil cruzan hacia México cada año de manera ilícita, de acuerdo con estimaciones del Center for American Progress. Tan solo del 1 de enero de 2019 al 28 de enero de 2020 se aseguraron 7,513 armas de fuego en territorio nacional, procedentes principalmente de Estados Unidos y Europa: origen de más del 70% y 30%, de manera respectiva, de estos artefactos mortales en México. EUA concentra el 45% de todas las armas en manos privadas a nivel mundial.

Entre los detenidos involucrados en este oscuro negocio del tráfico de armas hay estadounidenses que las adquirieron en tiendas autorizadas para posteriormente introducirlas por vía terrestre a México. La revista Annals of Internal Medicine publicó en 2017 un estudio en el cual se estima que el 22% de los propietarios de armas las consiguió sin pasar por la verificación de sus antecedentes penales.

También, la organización Giffords Law Center señala que en promedio 100 estadounidenses mueren por armas de fuego diariamente -casi el 60% es por suicidios, 30%, por homicidios, y el 10% restante, por accidentes u otros motivos. 

En este grave desvío de armas a civiles, Small Arms Survey identifica que, en el mundo, más del 85% de las armas está en manos privadas. Al respecto, cabe mencionar que en apego a los diferentes tratados, acuerdos y demás marcos normativos multilaterales y regionales suscritos por México, así como a nuestro compromiso con la paz, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se encuentra en proceso de reforma, limita su producción a dependencias autorizadas, restringiendo la venta para uso privado. Sin embargo, el tráfico ilícito a lo largo de más de 3 mil kilómetros de la frontera norte con el mayor productor y exportador de armas y municiones del mundo, constituye un reto urgente y requiere una pronta resolución en la relación bilateral.

En contraste, la Segunda Enmienda Constitucional en Estados Unidos garantiza a sus ciudadanos el derecho a poseer armas, aunque no protege, desde luego, a individuos con fines criminales ni mucho menos ampara el tráfico ilegal de armas.

No obstante, en 2004 expiró la Federal Assault Weapons Ban (AWB) que impedía la manufactura de armas de asalto semiautomáticas para uso civil. Esto derivó en un aumento exponencial en su producción y ha llevado a escenarios donde menores de edad en EUA y México han disparado en contra de sus compañeros de escuela, o bien han asesinado a niñas y niños en tiroteos masivos, dada la laxitud en la regulación de la venta de armas. Resalta que la Oficina para Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) no lleva un registro nacional de armas, limitándose al plano estatal o local, o al interior de cada armería.

Conforme a la legislación vigente de nuestro vecino del norte, promulgada en las primeras décadas del siglo XX y actualizada en 2004, se autoriza la fabricación, distribución y portación de ametralladoras, escopetas cortas y otras armas letales, así como la venta de armas cortas a mayores de 21 años. La misma ley dispone que: tanto personas como establecimientos deben contar con una licencia federal y un registro que incluya el número de serie de las armas; y que los vendedores de armas deben verificar los antecedentes de aquellos compradores que no cuenten con un permiso para su portación.

Cabe destacar que recientemente se transfirió el control sobre las ventas internacionales de armas de fuego y otros equipos militares del Departamento de Estado al Departamento de Comercio, mediante cambios en las Reglas Finales para la Supervisión de la Exportación de Armas de Fuego (Final Rules for Oversight of Firearms Exports) dejando fuera al Congreso para la supervisión de dichas transacciones. Lo anterior es ejemplo de la tendencia hacia el relajamiento de la normatividad, lo que, en combinación con los cambios de 2004, incrementa el acceso de civiles a armas de asalto semiautomáticas y a las exportaciones de equipo militar. Aunado a ello, las organizaciones criminales transnacionales se han aprovechado de esta situación para hacerse de un enorme poder de fuego, afectando tanto a México como al vecino estadounidense.

La Segunda Enmienda Constitucional se diseñó para posibilitar la autodefensa de los ciudadanos mediante el derecho a portar armas, pero la magnitud de los daños generados por las armas pequeñas y ligeras, y en particular por las de asalto semiautomáticas —a raíz de las modificaciones de 2004 a la ley AWB— ha generado efervescencia en el debate público sobre esta legislación, al grado de desvirtuar su propósito original y sembrar una reflexión sobre su restablecimiento.

La sociedad civil se ha pronunciado sobre este tema. En septiembre de 2019, el Pew Research Center concluyó mediante una encuesta que los estadounidenses a favor de un control de amas más estricto se incrementaron de 52% en 2017 a 60% en 2019. Otra encuesta de la misma institución, de 2017, reveló que tres de cada diez adultos estadounidenses tenían un arma de fuego; dos tercios indicaron que la razón principal era la seguridad; el 72% informó haber disparado un arma; y el 29% declaró poseer más de cinco armas. De este último grupo, el 72% afirmó tener armas de mano, el 62%, poseer rifles, y el 54%, escopetas.

México contra el tráfico de armas 3Foto: Shutterstock

Por su parte, algunos políticos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, han coincidido en que deben reforzarse las medidas para impedir la venta de armas a personas con problemas mentales o que estén bajo observación gubernamental. Esto encuentra eco en los legisladores mexicanos comprometidos con un país libre de armas ilícitas. Es pertinente que los congresos de México y Estados Unidos sostengan un debate franco, constructivo y con visión regional sobre la prohibición de la venta y desvío ilícito de armas, así como sobre la regulación de exportaciones y transferencias de las mismas, bajo el liderazgo de las instituciones de administración y procuración de justicia, en colaboración con empresas privadas.

Estamos convencidos de que para resolver estos problemas tan graves que aquejan a las sociedades y los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos es necesaria la creación de espacios para el diálogo y alternativas al control de las armas. Ejemplo de ello es el estado de Virginia, donde se formularon 8 propuestas de ley en el Congreso para la regulación de las armas —que contemplan el límite de compra de armas por mes, la revisión de antecedentes penales, su prohibición en espacios públicos, entre otras—.

En lugar de intercambiar acusaciones, es necesario unir esfuerzos, involucrar a productores, intermediarios, poder legislativo y organizaciones de la sociedad civil.

Solo así lograremos cerrar el paso a quienes, en detrimento de la sociedad, ponen al alcance de manos irresponsables y criminales estos instrumentos de muerte y desolación: las armas de fuego.


*Fabián Medina Hernández es Jefe de Oficina del Canciller