
Las primeras detenciones acontecieron en 2017, cuando las autoridades de Chechenia rondaron sus calles para detener a las personas homosexuales y someterlas a torturas como choques eléctricos, golpizas y asfixias. El número de víctimas en aquel entonces ascendió a los cientos; sin embargo, a pesar de las denuncias de organismos internacionales, el gobierno ruso hasta la fecha no ha iniciado ninguna investigación seria sobre las desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y presumibles ejecuciones.
A estas detenciones se suma la requisición de los documentos de identidad de los detenidos para prevenir que abandonen la región y según algunos testimonios, la mayoría han sido amenazados de muerte si hacen declaraciones sobre tal purga.
Activistas afuera de la embajada de Rusia en Londres, en 2017. / NBC.
Los acontecimientos del 2017 provocaron que la Red LGBT Rusa, una ONG de San Petersburgo, comenzara a evacuar a las personas de la comunidad LGBT de Chechenia; no obstante, a pesar de sus esfuerzos, en diciembre de 2018 la llamada “purga” comenzó y nuevas detenciones arbitrarias fueron denunciadas.
«Las detenciones generalizadas, torturas y asesinatos de la gente homosexual se han reanudado en Chechenia. La persecución de los hombres y mujeres sospechosos de ser homosexuales nunca se detuvo. Sólo la escala en la que ocurre ha ido cambiando». Declaró Igor Kochetkov, director de la Red LGBT de Rusia.
Ante las acusaciones, Alvi Karímov, portavoz del presidente de Chechenia, declaró abiertamente que los homosexuales no existen en su territorio: «No se puede detener y oprimir a quienes no existen en la república. Si esas personas existieran en Chechenia, la policía no tendría que preocuparse por ellos, ya que sus propios familiares los habrían enviado a donde nunca podrían regresar».
El único poder que queda en nuestras manos, así como de los organismos conformados por defensores de Derechos Humanos y activistas ha sido la recomendación de que aquellos miembros de la comunidad abandonen la región cuanto antes y al mismo tiempo, exigir al gobierno de Rusia —que año tras año ha comprobado que no tiene ningún interés en detener sus políticas discriminatorias— a realizar las debidas investigaciones en un intento por proteger a la población.
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