En Quintana Roo quieren sembrar arrecifes artificales… con el permiso de la SEMARNAT

En Quintana Roo quieren sembrar arrecifes artificales… con el permiso de la SEMARNAT

En Quintana Roo quieren sembrar arrecifes artificales… con el permiso de la SEMARNAT

Un nuevo proyecto, aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pretende “sembrar” arrecifes artificiales (piezas de cemento a casi dos metros de profundidad) frente al Hotel Moon Palace de Quintana Roo.

El proyecto está planeado para el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo y el objetivo es colocar estructuras de cemento sobre “zonas de pasto marino” como rompeolas.
De acuerdo a Sin Embargo, los pastos son fundamentales para la conservación de la biodiversidad de la región, además de que protege a las áreas costeras de erosión y oleaje.

Varias ONGs , como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) solicitaron a la Semarnat frenar el proyecto porque además del daño ambiental, tampoco cuentan con los permisos legales necesarios para ser aprobados. 

Asimismo, argumentan que las construcciones tienen el objetivo de privilegiar a los dueños del Moon Palace (“beneficiar a un puñado de particulares”) y descuidar un área de alto valor ambiental para el estado y para todo el país.

De acuerdo al Cemda, el proyecto se inició el año pasado, cuando la Comisión Nacional de Áreas protegidas (Conanp) solicitó la modificación de un proyecto que permitiría colocar hábitats artificiales.

Supuestamente, el Moon Palace es sede de la Conferencia de las Partes, del Convenio de Diversidad Biológica, por lo que activistas se preguntan si les están ofreciendo algo a cambio para que “en vez de proteger las áreas naturales, intenten satisfacer los intereses de un particular”.

“No suena lógico, se presta a muchas interpretaciones, entre ellas la corrupción”.

Cuando se interrogó a la SEMARNAT y se solicitó la revocación del permiso, ellos pusieron una condición: suspenderían la obra a cambio de que se presentara una garantía de más de 32 mil pesos que deberían ser pagados cada tres meses.

Sin embargo, todo es ilegal, a todas las luces, “la dependencia está sobreponiendo derechos de particulares y económicos sobre derechos colectivos y humanos, como es el derecho a un medio ambiente sano”.

*Con información de Sin Embargo.

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