Entre láminas, tumbas y piso de cemento, una familia vivió por 35 años dentro del Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, hasta que, como si se tratara de un gran operativo, 200 policías capitalinos los desalojaron.
Se trata de Carmen, quien habitaba en tres cuartos de lámina con sus dos hijos, su esposo, su mamá y un sepulturero de nombre Rafael, como reporta en una nota el diario Reforma.
Pese a la vivienda improvisada, tenían sanitario, electricidad y agua potable en este cementerio ubicado entre la Segunda y la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, que ahora administra la delegación Miguel Hidalgo.
Una vivienda en esta zona de la ciudad es muy cara; aledaña al bosque, una colonia cercana sería Lomas Altas, donde las rentas parten de los 25 mil pesos mensuales, por tratarse de una zona exclusiva en la Ciudad de México, cuyos precios muchas veces se cotizan en dólares. Enfrente, del otro lado de la avenida Constituyentes, se ubica la colonia Daniel Garza, con precios más accesibles para sus inmuebles. Estos parten desde los 7 mil pesos y se trata de departamentos con 60 a 70 metros cuadrados.
La familia de Carmen no son los únicos mexicanos que vivieron dentro de un cementerio, porque Armando López nació y creció junto a sus siete hermanos en el Panteón Municipal de Los Mochis, Sinaloa.
Su papá, don Enrique López Montoya, era sepulturero, quien en ningún otro lugar se sintió más seguro y protegido, aunque sus amigos de la escuela siempre querían “ir a jugar a su casa”, relata.
En los años 80, el panteón alcanzó su máximo cupo y tuvieron que abandonar el terreno que habitaban para permitir la construcción de más tumbas. Los López no creen en los fenómenos paranormales.
En otras partes del mundo esta práctica es habitual; ante la falta de espacios, en Filipinas se asentó desde hace 30 años una comunidad para fundar el “barrio cementerio del norte”, donde sus habitantes usan las tumbas de este panteón en Manila como camas, mesas de comedor o piso de sus casas.
Las autoridades filipinas no han podido desalojarlos ni darles una opción más digna para que dejen de improvisar sus casas, como el 43 por ciento de la gente en Manila, que vive en condiciones precarias.
Pero, aquí en México, otro problema que aqueja al Panteón de Dolores fue la venta ilegal de fosas, un problema que mantuvo enfrentados a trabajadores sindicalizados con la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez.
La funcionaria panista hizo públicos estos casos de corrupción, cuando le llegaron denuncias de cobros “por fuera” de hasta 5 mil pesos para que les permitieran enterrar a un familiar, aunque tuvieran el derecho a la fosa.
Cuando se les vendía el espacio, el costo subía hasta los 20 mil pesos, como fueron los casos de 65 ciudadanos que estafaron con títulos de propiedad falsos para tener perpetuidad por 21 años, un permiso que allí desapareció desde 1974.
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