«Soy inocente. No sabía de los abusos… soy una persona buena que he entregado mi vida a Dios». El argumento de Kosaka Kumiko se desvanecía en los tribunales mientras más apuntaba hacia Jesús. En tal ocasión, la fe no amparaba el testimonio de la monja de 46 años de origen japonés, cuya estampa bien podría pasar por la de víctima para los menos enterados.
Ni siquiera su hábito –cubierto parcialmente por un chaleco antibalas– ni el halo de inocencia que en el imaginario popular acompaña a las mujeres que dedican su vida a las enseñanzas del catolicismo parecían estar a su favor, mucho menos cuando su única defensa contra los testimonios de víctimas y testigos eran sus propias palabras.
Kumiko nació en Japón y apenas a los tres años de edad llegó a la Argentina, donde bajo el auspicio de su familia concluyó la educación básica; muy temprano y guiada por el conservadurismo de su entorno, decidió dedicar su vida al monasterio.
Desde su puesto de encargada de educación especial la monja debía asistir a niños hipoacúsicos y con discapacidad auditiva que pasaban estancias temporales en la institución. No obstante, lejos de practicar una vida dedicada a la adoración de las máximas de Cristo, Kosaka hizo un infierno de la vida de decenas de niñas y niños dentro del Instituto Provolo de Mendoza, en Argentina:
La monja se encargaba de seleccionar a través de golpizas a los niños más dóciles para cumplir sus crímenes. Una vez que identificaba a los menores que oponían menos resistencia, Kumiko “canalizaba” a los pequeños a un sitio conocido como “la casa de Dios”, donde eran abusados sexualmente y sometidos por al menos otras 6 personas que laboraban en el convento, entre ellos dos sacerdotes y cuatro trabajadores del lugar. Después de permanecer prófuga por casi un mes y medio, Kumiko decidió entregarse a las autoridades.
Al momento de la primera investigación en mayo de 2017, el número de víctimas abusadas por la monja y otros cómplices rondaba los 20 menores; sin embargo, las declaraciones de testigos y otras víctimas de diferentes edades se sumaron al caso cuando se convirtió en un asunto mediático. Las acusaciones más graves incluyen testimonios de víctimas que fueron obligadas a ver pornografía, practicar sexo oral y encubrir a los sacerdotes. Otra declaración afirma que Kumiko colocó un pañal sobre una víctima sordomuda después de ser vejada para evitar que los demás se dieran cuenta del abuso.
A finales de 2016 una víctima de 17 años rompió el silencio y desde entonces el caso se colocó en el ojo de la opinión pública, exigiendo todo el peso de la justicia para los culpables. Después de la primera audiencia, la monja fue imputada por el delito de abuso sexual y corrupción de menores, pero la influencia de su defensa jurídica logró el beneficio de prisión preventiva en septiembre de 2017, en espera del desahogo de pruebas y juicio próximo.
Se trata de un caso más de abuso sexual que involucra a la Iglesia Católica, envuelta en los años recientes en una polémica que se reaviva cada vez que alguna investigación saca a la luz los crímenes sexuales de los miembros de distintas órdenes religiosas afines al catolicismo, ante la pasividad del Vaticano y el encubrimiento de otros órganos eclesiásticos.
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