A finales de agosto de 2024, los miembros de ABBA y su sello discográfico Universal Music presentaron una queja formal contra Donald Trump por el uso no autorizado de sus canciones en mítines de campaña. La demanda no es un gesto simbólico: marca un punto de quiebre en una tensión que ha crecido durante años entre artistas y candidatos políticos sobre quién tiene derecho a usar la música en espacios públicos.
El incidente de Minnesota y la solicitud formal
Durante un mitin en Minnesota en agosto de 2024, la campaña de Trump reprodujo canciones icónicas de ABBA, incluidas «Money, Money, Money» y, con cierta ironía, «Dancing Queen». Universal Music respondió con una declaración directa a la agencia Reuters: «Junto con los miembros de ABBA, hemos descubierto que se han publicado videos en los que se ha utilizado la música de ABBA en eventos de Trump, por lo tanto, hemos solicitado que dicho uso sea retirado y eliminado de inmediato».
Hasta el momento, la campaña de Trump no ha respondido públicamente a la solicitud ni ha comentado sobre la retirada de los videos. Este silencio contrasta con la claridad de la demanda y sugiere una estrategia de espera mientras se definen las implicaciones legales.
Un patrón de conflictos: otros artistas contra Trump
ABBA no es la primera banda en oponerse al uso de su música en eventos de Trump. A lo largo de los años, una lista considerable de artistas ha presentado quejas similares. Tom Petty, a través de sus herederos, exigió que se detuviera el uso de «I Won’t Back Down». R.E.M. también se pronunció en contra. Adele y Céline Dion, más recientemente, calificaron el uso de sus actuaciones como «no autorizado» y tomaron medidas legales para frenarlo.
Este patrón refleja una realidad incómoda para las campañas políticas: muchos artistas de renombre, independientemente de su orientación política, no desean asociarse con candidatos específicos. La música, aunque es un producto comercial, sigue siendo percibida como una expresión de valores personales.
¿Qué dice la ley sobre música en campañas políticas?
En Estados Unidos, la situación legal es compleja. Las campañas políticas deben obtener una Licencia de Entidad Política (Political Entity License) para reproducir música con derechos de autor en eventos públicos. Sin embargo, la obtención de esta licencia es diferente de obtener el consentimiento del artista.
La licencia cubre los derechos de ejecución pública, lo que significa que técnicamente una campaña puede reproducir una canción en un evento si ha pagado las tarifas correspondientes a organizaciones de gestión colectiva como ASCAP, BMI o SESAC. Pero esto no incluye automáticamente el derecho a usar videos de los artistas, ni protege a los candidatos de las demandas por difamación o asociación no deseada.
Aquí radica el conflicto: aunque la ley permite reproducir la música, no obliga a los artistas a aceptar esa asociación. Las demandas de ABBA, Céline Dion y otros se basan en argumentos de daño a la reputación, uso no autorizado de imagen y, en algunos casos, violación de los términos de uso de plataformas donde se publican los videos.
El dilema de la libertad de expresión versus los derechos de autor
Este conflicto toca un debate más profundo sobre los límites de la libertad de expresión. ¿Puede una campaña política usar la música de un artista sin su consentimiento si ha pagado la licencia? ¿Dónde termina el derecho de reproducción y comienza el derecho del artista a controlar su imagen?
Los tribunales estadounidenses han mostrado cierta tendencia a favorecer a los artistas cuando se trata de asociación no deseada. En 2020, la campaña de Trump fue obligada a dejar de usar música de The Rolling Stones, Aerosmith y otros artistas tras demandas legales. Estos precedentes sugieren que aunque la licencia es técnicamente válida, las cortes reconocen que hay un daño potencial en la asociación involuntaria.
El simbolismo de «Dancing Queen»
No es casualidad que ABBA haya elegido este momento para actuar. La canción «Dancing Queen» es quizás su obra más icónica, un himno de libertad y celebración que ha trascendido generaciones. Que se reproduzca en un mitin político, sin consentimiento, representa una apropiación de ese simbolismo para fines que los artistas no respaldan.
ABBA, como grupo que se reunió después de 40 años de separación en 2022, ha sido cuidadoso con su legado. Su regreso fue celebrado como un evento cultural global, no como una plataforma para endorsos políticos. La demanda es, en ese sentido, una defensa de esa autonomía creativa.
¿Qué sigue?
Es probable que este caso se resuelva de manera similar a conflictos anteriores: la campaña podría optar por retirar los videos y dejar de usar la música para evitar una batalla legal prolongada, o podría argumentar que la licencia política le da derecho a continuar. Si llega a los tribunales, los precedentes recientes favorecen a los artistas.
Lo que está claro es que el conflicto entre campañas políticas y derechos de autor no desaparecerá. Mientras los candidatos busquen música popular para sus eventos, y mientras los artistas se nieguen a ser asociados con causas que no respaldan, seguiremos viendo estas disputas. ABBA simplemente es el último capítulo de una historia que probablemente continuará.
