Argentina y Chile fueron los países que sintieron con más fuerza el peso de las dictaduras militares que con apoyo de los Estados Unidos, llegaron al poder por las armas en Sudamérica durante los años 70.
Las naciones latinoamericanas que buscaron en la organización social las respuestas al atraso y subdesarrollo regional solamente encontraron la brutalidad y eficacia de la Operación Cóndor frustrando sus ideales políticos de transformación de la sociedad.
Los métodos de tortura y represión marcaron con sangre y horror el precio que había que pagar por pensar distinto al ideal del régimen militar y pretender cambiar las cosas. Entre el sinfín de formas de castigo que se importaron desde la invasión francesa a Argelia y las ideadas por la imaginación local, una de las más trascendentes fue el robo de bebés en el periodo conocido como Proceso de Reorganización Nacional que gobernó Argentina desde 1976 desde la figura de Jorge Rafael Videla.
Esta práctica consistía en el secuestro y la desaparición de mujeres embarazadas que eran confinadas en centros clandestinos donde eran atendidas por médicos y enfermeros militares.
Dentro de su encierro, las mujeres eran víctimas de tortura física y psicológica, prácticas intimidatorias y roles de dominación, mezclados con mensajes contradictorios que las mantenían con la esperanza y fuerza suficientes como para luchar por la vida, tanto la propia como por la que cargaban en su vientre.
Después del parto, las madres eran separadas del recién nacido y torturadas hasta la muerte, mientras los bebés eran adoptados y entregados a parejas de distinta naturaleza, desde comandantes o mandos castrenses que servían al régimen, cómplices del asesinato de su familia biológica y en menor medida, personas de clase alta interesadas en adoptar, aun sabiendo las atrocidades del gobierno en turno.
La repetición sistemática de esta práctica demuestra que no se trató de una anomalía para el régimen, sino de la puesta en marcha de toda una maquinaria terrorista destinada no sólo a torturar física y mentalmente a quienes eran considerados como “subversivos” (y al mismo tiempo, servir de castigo ejemplar esparciendo el terror entre los que pensaran igual), sino también a combatir de fondo una idea que golpeaba en el sitio más vulnerable, instinto irrenunciable del ser humano: la maternidad.
El acto de apropiación de recién nacidos desde el punto de vista materno, es el más cruel de los castigos a una mujer que asiste a la consumación de una política de terror, donde su hijo es el botín de guerra y ella es reducida a la angustia, la desesperación y las pulsiones de muerte que han de confirmarse minutos después.
Del lado opuesto, más de 500 niños (según cálculos de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo) no sólo fueron arrebatados del seno materno, sino también castrados histórica y políticamente: detrás de su nombre, sus costumbres, sus primeros y débiles recuerdos que sustentan la historia propia que les presentan como oficial, se esconde un relato cruel, digno de una tragedia griega pero cargado de una realidad que se forjó a sangre y fuego, bajo el yugo de un sistema que ante el resquicio de una transformación no duda en mostrar su lado más cruento.
La organización de Abuelas de Plaza de Mayo no sólo lucha por recuperar la identidad robada de sus nietos y la consecución de justicia a sus hijos e hijas asesinados a sangre fría, también mantiene una férrea contienda contra el olvido, contra el tiempo implacable que desde la distancia resulta fiel aliado del régimen, contra un relato que se cuenta incompleta, sesgada y con tintes apologistas en toda América Latina, que obtiene distintos matices en cada latitud pero todos cuentan una historia en común, la de la avanzada dictatorial en esta región del planeta que inauguró los tiempos de paz que “gozamos” hoy bajo la eterna promesa del desarrollo.
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