Ezequiel tomó lo poco que podían abarcar sus manos. Se echó en el hombro sus pertenencias y miró por última vez su hogar en Laguna Larga y junto a otros 400 campesinos q’eqchí dejaron atrás su tierra.1200 elementos del ejército entraron a Laguna Larga para desalojar a estas personas que toda su vida habían habitado ahí. Los campesinos, previamente avisados, salieron despavoridos de sus casas para que no los encontraran ahí y pudieran asesinarlos.Sus tierras, según el gobierno, eran parte de los recursos naturales que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) quiere preservar como parte de su iniciativa para cuidar el medio ambiente. A costa de esto, 400 campesinos ahora acampan en la frontera entre México y Guatemala sin buenas condiciones de vida.
“Nos echaron como perros”, dijo Ezequiel Wilmer al diario español El País al tiempo que sobre su cabeza caen algunas gotas de agua que traspasan la lona con la que se cubren de la lluvia él y los demás campesinos.Los tachan de taladores, de narcotraficantes, de hacerle daño al medio ambiente, cuando, según un estudio, la Fundación PRISMA aseguró que las concesiones forestales a comunidades indígenas podrían ser clave para frenar el avance de incendios en esa zona de Petén.Aún así, 32 personas de la tercera edad, 119 niños, 13 bebés, 82 adolescentes, 151 adultos y tres embarazadas abandonaron Laguna Larga con rumbo a México.
El ejército se encargó de dejarlos sin nada aún sin haberlos encontrado en sus casas. Por si pretendían regresar algún día, incendiaron las habitaciones construidas con láminas y madera. El objetivo era que no encontraran nada que sirviera después.Jimmy Morales, presidente de Guatemala, encargó a Rafael Cardona, uno de sus hombres más cercanos, que solucionara el conflicto al enterarse que una de las mujeres perdió a su bebé. A los campesinos se les ofreció alojo en albergues, pero se negaron a aceptarlo.Ezequiel narra que en esos albergues, después de 15 días, les dan una patada y los dejan de nuevo en la calle.
Los campesinos no cruzan la frontera porque el gobierno mexicano puede deportarlos en cualquier momento. Tampoco quieren ser refugiados en nuestro país. Lo que quieren es que se les devuelvan sus tierras, sus hogares.Esto no tiene que ver con una cuestión ambiental, indicó también Amnistía Internacional. Esto tiene que ver con la disputa por la tenencia de la tierra en Petén, una zona importante para el tráfico de drogas.La última opción que tienen los campesinos es ser reubicados en alguna finca que consiga el gobierno, pero ven difícil aceptar las condiciones con las que se les otorga ese albergue. Ahora esperan no morir en condiciones deplorables después de haber sido obligados a dejar su tierra por un conflicto disfrazado de interés ambiental.
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