América Latina se convirtió en una de las pocas regiones del mundo oficialmente declarada Zona Libre de Armas Nucleares, gracias a un acuerdo firmado el 14 de febrero de 1967 en México: el Tratado de Tlatelolco. El pacto —ratificado por casi todos los países de América Latina y el Caribe— prohíbe el desarrollo, posesión y uso de armas nucleares, y creó un precedente internacional. Pero más allá de la broma sobre que “nadie supo cómo hacerlas”, la decisión de renunciar al armamento nuclear fue profundamente política, económica y estratégica.
El Tratado de Tlatelolco y la regla de no poseer armas nucleares en América Latina
Firmado en plena Guerra Fría, el Tratado de Tlatelolco surgió como una respuesta regional al peligro nuclear, en un contexto global de paranoia y armamentismo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La iniciativa fue encabezada por el diplomático mexicano Alfonso García Robles, quien décadas más tarde sería reconocido con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo a favor del desarme.
¿Por qué América Latina decidió no desarrollar armas nucleares?
Aunque algunos países de la región, como Argentina y Brasil, desarrollaron programas nucleares en las décadas de 1950 y 60, el objetivo era generar energía, no producir armas. A diferencia de otras regiones con tensiones territoriales o amenazas militares activas, Latinoamérica no vivía conflictos que justificaran la creación de armamento atómico.
Además, el costo de construir una bomba nuclear —tanto en infraestructura como en conocimiento científico— estaba muy por encima de las capacidades económicas de la mayoría de los países. La prioridad seguía siendo el desarrollo agrícola, industrial y educativo. Incluso en los países con programas avanzados, como el INVAP argentino o el IPEN brasileño, la apuesta fue por la cooperación tecnológica pacífica.
El rol de la diplomacia y el contexto internacional
La firma del tratado también fue una forma de evitar convertirse en un peón más de las superpotencias. En medio del enfrentamiento ideológico entre Washington y Moscú, América Latina buscó posicionarse como una zona neutral, sin capacidad de albergar o producir armas nucleares.
El caso de Cuba, aliada de la URSS, encendió alertas sobre una posible militarización nuclear de la región. El recuerdo de la Crisis de los Misiles (1962) también empujó a otros países a firmar el tratado como una forma de proteger su soberanía, evitando cualquier justificación para que potencias extranjeras intervinieran.
¿Y si hubiéramos querido?
El meme que circula en redes —el de los personajes de The Office diciendo “no sabemos cómo se hace”— toca una fibra que parece ridícula, pero no lo es tanto. Sí hubo capacidad técnica en ciertos sectores, pero faltaron los recursos, la motivación bélica y el contexto geopolítico adecuado. Incluso con los avances tecnológicos actuales, la región sigue comprometida con un modelo de energía nuclear con fines civiles.
¿Qué pasa hoy con el tratado?
La Agencia para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) continúa operando desde la Ciudad de México. Aunque no tiene el mismo peso mediático que otros organismos internacionales, sí mantiene el monitoreo y la supervisión de los compromisos firmados. Cuba fue el último país en sumarse, en 2002, consolidando a la región como una de las pocas zonas sin armas nucleares en el planeta.
En un mundo donde las potencias emergentes presionan por el control atómico, y las amenazas militares resurgen con nuevas narrativas, la decisión colectiva de América Latina de no tener bombas nucleares es un acto político que resiste al tiempo. No por falta de ganas o de ingenio, sino porque se eligió, de forma activa, apostar por otra forma de poder.
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