La preocupación por los controles migratorios no es exclusiva de los Estados Unidos y ahora el presidente de Argentina, Mauricio Macri anunció medidas para endurecer la seguridad de sus fronteras.Si bien Macri no llegó al extremo de Donald Trump y su muro, el presidente Argentino modificó por decreto la Ley de Migraciones, con la intención de hacer más breves los tiempos requeridos para expulsar a los migrantes que tengan antecedentes penales.Luego de una semana de especulaciones y de llevar el tema a la agenda de los medios locales, poniendo como ejemplo el caso del narcotraficante peruano Marco Antonio Estrada, el cual lleva ocho años encarcelado en Argentina y aún no ha podido ser extraditado a su país de origen debido a las regulaciones legales que existen en el país.
Entre otras cosas, el decreto de control migratorio firmado por el presidente Macri, dice que no podrán entrar personas que tengan condenas sobre delitos relacionados al narcotráfico; también divide los delitos en dos categorías: los “comunes” y los de tráfico de drogas, personas, armas, órganos, lavado de dinero e inversiones ilícitas.Tampoco podrán ingresar a Argentina las personas extranjeras que tengan antecedentes penales en su país de origen, ni aquellas que hayan participado en alguna organización criminal.Las personas que presenten documentos falsos o mientan sobre sus antecedentes penales tampoco podrán cruzar la frontera para ingresar a Argentina.La mañana de este lunes la publicación del Boletín Oficial del gobierno formalizó los cambios a la Ley de Migraciones de Argentina, los cuales fueron hechos con el modelo de decreto presidencial.“La necesidad de trabajar incesantemente en el perfeccionamiento del orden normativo migratorio adquiere especial importancia frente a fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional”, se lee en el Boletín Oficial.Además justifica la decisión de modificar los tiempos de expulsión de migrantes bajo el argumento de que los largos tiempos de duración de procesos administrativos y judiciales atentan al debido proceso legal y de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrían traer responsabilidades internacionales en contra el Estado argentino.En el texto también se mencionan cifras sobre migración y delito; la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Argentino alcanzó en el 2016 el 21.35 por ciento de la población carcelaria total.
En el caso de delitos vinculados al narcotráfico y crimen organizado, un 33 por ciento de las personas bajo custodia del servicio penitenciario federal son extranjeros, según los datos publicados en el Boletín Oficial.El decreto también afecta a quienes ya tengan la residencia permanente, pues ta se les cancelará a quienes hayan permanecido más de dos años fuera de Argentina, exceptuando aquellos que se encuentren realizando estudios o investigaciones que favorezcan al país sudamericano.
Los inmigrantes que hayan pagado para ser llevados a Argentina podrán obtener la residencia y evitar la expulsión del país siempre y cuando colaboren con datos que ayuden a la detención del traficante de personas que los llevó a ese territorio.
El Boletín Oficial termina con la afirmación de que Argentina actualmente vive una situación “crítica”, la cual amerita la adopción de medidas urgentes que favorezcan a la seguridad de todos los ciudadanos de ese país.