Este miércoles, el congresista demócrata del estado de Texas, Al Green, se convirtió en el primer político en solicitar un juicio político para Donald Trump. Aunque la semilla de la destitución ya estaba sembrada en muchos opositores de nuevo régimen, el despido de James Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones, les dio el impulso que les hacía falta.
El Congreso estadounidense tiene las facultades necesarias para decidir qué acciones presidenciales merecen un impeachment (proceso de destitución). En este caso, el despido de Comey representa una “obstrucción” de la justicia, pues él investigaba la interferencia que hizo Rusia durante las elecciones presidenciales y que presuntamente influyeron en la derrota de la candidata demócrata Hillary Clinton.
El rotativo The New York Times (NYT) dio a conocer el martes que una nota escrita por Comey decía que Trump le solicitó frenar la investigación federal que se llevaba a cabo contra el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, por las relaciones que había sostenido con el Kremlin durante la campaña electoral del año pasado.
Trump le dijo a Comey: “Espero que puedas dejar ir esto”. NYT explica que esa petición es una “clara” evidencia de que que Trump “ha intentado influenciar directamente” al Departamento de Justicia y a la investigación del FBI. Comey presentó la nota que escribió tras sostener una reunión con Trump a oficiales del FBI.Asimismo, el representante republicano del Comité de Supervisión del Gobierno pidió al Buró de investigaciones que entregara todas las notas, los resúmenes y las grabaciones de las discusiones que sostuvieron Trump y Comey, pues podrían provocar preguntas respecto a lo que el presidente “intentó influir o impedir”.
De acuerdo con Univisión, tras la publicación de la investigación periodística, “varios” congresistas demócratas declararon que “si es cierto”, eso es suficiente para quitar a un presidente del cargo mediante el juicio político. Las “notas” contemporáneas de agentes del FBI son tomadas en cuenta en la Corte como una evidencia de conversaciones.
El concepto de impeachment tiene sus bases legales en el segundo artículo de la Constitución, donde se estipula que el Congreso puede iniciar un juicio político contra el presidente, el vicepresidente o cualquier otro funcionario. Algunas de las causas pueden ser: traición, soborno y otros altos crímenes.A Trump se le aplicaría “falta de obstrucción de justicia”, la cual es considerada como un crimen federal y atañe a “cualquiera que corruptamente influya o trate de influir en la debida administración de la Justicia”. Jeffrey Toobin, experto legal, dijo para la CNN que de comprobarse la veracidad, no ve otra razón para no considerarlo como obstrucción del curso de la justicia.
La historia se repite y la similitud con el caso “Watergate” es inevitable: en 1973, el entonces presidente Richard Nixon despidió al fiscal que investigaba el caso de espionaje dentro del Comité Nacional Demócrata y que terminó con su renuncia a la Casa Blanca.
Sin embargo, Univisión explica que para iniciar un procedimiento, los demócratas necesitarían un “amplio” apoyo de los republicanos para poder llevar una petición hasta la comisión de asuntos judiciales de la Cámara de Representantes y si ésta acepta examinar el caso, “se somete al voto de toda la Cámara la decisión de empezar o no el procedimiento”. Finalmente, el Senado toma la decisión respecto a si es adecuado obligar al presidente a marcharse y que lo reemplace el vicepresidente, aunque eso debe ser aprobado por dos tercios de los senadores.
En general, todos los estadounidenses están en desacuerdo con la forma en la que Trump ha liderado la Casa Blanca: el 48 por ciento de los ciudadanos quieren que se inicie ese proceso de destitución, cifra que supera al 41 por ciento de los que se opone. Y únicamente el 43 por ciento de los encuestados por Public Policy Polling consideran que concluirá su mandato presidencial.
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