De Veracruz se dicen muchas cosas. Y si el estado marcado por la violencia se encuentra bajo los reflectores se debe sólo a una persona: el gobernador Javier Duarte.
El cinismo parece que alcanzó su límite y podría ser difícil que cualquier decisión, por más absurda que parezca, pueda sorprender a los veracruzanos quienes, tras casi 6 años de gobierno priista, tienen una deuda de poco más de 12 mil millones de pesos y pasan por una crisis de Derechos Humanos de la que no se ve salida.
La política, después de las elecciones del 5 de junio pasado, se ha tornado en un enfrentamiento entre el gobernador en funciones, Javier Duarte, y el candidato electo por parte del PAN, Miguel Ángel Yunes, quienes no cesan de presentar demandas y acusaciones uno contra el otro por corrupción, lavado de dinero, robo al erario, entre otras.
Duarte, quien desde hace tiempo es investigado por la Procuraduría General de la República, cuenta con 34 investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación por presunto desvío de recursos, de las cuales 15 son por simulación de reintegros; lo que significa que después de que Hacienda detectó irregularidades por un probable desvío, ese dinero debía ser devuelto a la Secretaría de Hacienda Pública Federal, cosa que no sucedió.
Ojalá las cosas se quedaran ahí, con el endeudamiento y los robos, y así la ciudadanía veracruzana sólo se estaría enfrentando a un político más como a los que estamos acostumbrados en México: corrupto y ladrón; lamentablemente, la crisis no termina ahí.
Hace unos días, tras la conmemoración -protesta, indignación y exigencia de justicia- del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinoza, quien tras huir de Veracruz a causa de las amenazas recibidas por parte de las autoridades fue asesinado en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, los periodistas del estado en ruinas salieron a exigir que se esclarezca el caso, ya que después de un año no se ha dado con los responsables del crimen; el gremio periodístico culpó públicamente a Duarte de éste y el resto de los casos en los que los periodistas del estado han sido asesinados, pues este caso no es el primero ni el último.
En hechos más recientes, con la promulgación de la ley y del Sistema Nacional Anticorrupción, las cosas para Duarte se han tornado más graves en cuanto a los procesos de investigación que enfrenta.
Su propio partido lo ha abandonado y, al igual que con los gobernadores de Chihuahua y Quintana Roo, el PRI ha pedido de manera directa a la Procuraduría General de Justicia que acelere las investigaciones judiciales en su contra para poder expulsarlos del partido.
Armando Barajas, consejero político nacional del PRI, pidió el pasado mes de junio, ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional, la expulsión de los tres mandatarios por violentar el Código de Justicia Partidaria, por tener procesos judiciales en su contra y dañar la imagen del partido.
A pesar de todos las acusaciones, investigaciones judiciales, repudio de la sociedad civil, de los periodistas del estado y de su propio partido, el cinismo de este personaje no cesa; sin embargo, algo debe pesar en su conciencia ya que el mes pasado, el Periódico El Financiero descubrió una casa en un club de lujo llamado Woodlands, en Houston, donde mediante la revista del fraccionamiento se le daba la bienvenida al gobernador y a su esposa por su próximo arribo; parecería que alguien intenta huir de los problemas.
Pero al gobernador de Veracruz le cuesta estar quieto y lejos de la polémica. Y no hay ejemplo más claro que la propuesta de ley que envió al Congreso del estado, la cual fue aprobada y pagará, mediante un impuesto que se le cobra a los empresarios del 3 % de su nómina, la deuda de la entidad. Por supuesto que los empresarios, apoyados por Yunes Linares, se negaron a pagar.
Ahora, con su mandato a punto de concluir, el polémico funcionario decidió dar una última estocada para hacer de Veracruz un lugar un poco más retrógrada en el tema de Derechos Humanos.
Duarte envió a sus legisladores otra iniciativa de ley mediante la cual, el Congreso local, aprobó en segunda vuelta la reforma al artículo cuarto de la Constitución Política del Estado que propone “garantizar el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte”. Con lo que se prohíbe el aborto a menos de que la vida de la madre esté en peligro, que el embarazo haya sido causa de una violación o que varios médicos confirmen que el bebé presenta muchas enfermedades o trastornos antes de nacer.
Con esto, Duarte se afianza como uno de los gobernadores más corruptos y repudiados del país, pero también será con quien se ponga a prueba el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el cual, de momento, negó que se aceptara la declaración 3 de 3 presentada por el gobernador debido a que la consideraron incompleta y están a la espera de que la PGR revele los resultados de las investigaciones en contra del funcionario.
Duarte de Ochoa se encuentra en una situación difícil; cada vez cuenta con menos apoyo y tanto la sociedad veracruzana como el candidato electo lo quieren ver en la cárcel. Además, la credibilidad del nuevo Presidente Nacional del PRI, del propio partido y del SNA están en juego y no hay forma de que todos: el gobernador, la institución y el resto de las figuras públicas salgan bien libradas, al final alguien tendrá que caer.
*Fuentes: Animal Político y Sin Embargo.
