El mandato del priista Enrique Peña Nieto está nuevamente bajo escrutinio y los dedos acusadores del mundo están sobre México, que mantiene un gobierno que espía a sus ciudadanos, a sus periodistas, a sus defensores de los derechos humanos (que de por sí no son muchos) y a los activistas que luchan por lustrar un país embarrado absolutamente de cínica corrupción.
El periodismo en México es todavía más valiente que en el resto del mundo. Un periodista mexicano requiere de agallas para sortear los obstáculos que le imponen: las amenazas del crimen organizado, la censura y ahora también, la intromisión del Gobierno en sus vidas privadas.
La credibilidad y los niveles de aceptación que tiene Peña Nieto no tienen precedentes, ni el más corrupto, ni el más holgazán, ni el más fraudulento de los presidentes habían sido acusados con tal fuerza de ignominia e inacción. El presidente suma escándalos de corrupción difíciles de olvidar: la Casa Blanca, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Ttatlaya.
La evidencia fue presentada en un reportaje del diario estadounidense The New York Times, que deja descubierta la red de espionaje gubernamental: A través del spyware Pegasus, adquirido por el gobierno durante el sexenio de Peña Nieto a la empresa israelí NSO Group, tuvieron acceso a todos los datos personales de 15 ciudadanos, entre activistas que luchan para erradicar la corrupción, defensores de los derechos humanos y periodistas como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena y Juan E. Pardinas.
A lo largo del sexenio, todos ellos han recibido decenas de links con información que puede interesarles o que les compete directamente, como notas periodísticas sobre ellos. Cuando dan clic, el malware se instala automáticamente en sus teléfonos celulares, dando libre acceso a la cámara y micrófonos, a llamadas, mensajes (Messenger, Whatsapp, SMS), correos, datos adjuntos y todo el contenido multimedia almacenado.
A pesar de que la empresa NSO Group aseguró que el software sólo puede ser empleado en la agencia gubernamental donde fue instalado, el gobierno mexicano negó las acusaciones. A través de un comunicado sentenció que como cualquier país democrático, realiza actividades de inteligencia para combatir al crimen organizado y amenazas contra la seguridad nacional.
“Rechazamos categóricamente que alguna de nuestras dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anti-corrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.
Asimismo, Daniel Millán Valencia, Director General de Medios Internacionales, envió una carta al editor de The New York Times en la que asegura que como el propio texto lo señala, “no hay prueba de que las agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”. Entonces ¿quién es?
Además, aseguraron que condenan cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona.
Luis Fernando García, director de R3D, una organización de derechos digitales, dijo durante una entrevista para CNN con la periodista Carmen Aristegui —una de las principales víctimas del espionaje, del que ella piensa fue hostigada por publicar información que señalizaba la corrupción dentro del gobierno, específicamente el reportaje de la Casa Blanca— que la respuesta del gobierno frente a las acusaciones era un “insulto a la inteligencia” de todos.
Además de que las dos sentencias gubernamentales (la oficial y la carta enviada al editor del rotativo estadounidense) no dan respuestas a las organizaciones que las están exigiendo, no pueden controvertir cuatro hechos definitivos: que 15 periodistas, y activistas fueron “atacados con mensajes que intentaban infectar sus teléfonos con el malware de NSO; que el malware se vende únicamente a gobiernos; que hay agencias del gobierno mexicano que de manera “demostrable y con certezas” son clientes de NSO (como la PGR y la SEDENA) y finalmente, que esas 15 personas han sido atacadas en “coyunturas muy específicas que afectan los intereses directos del gobierno federal”.
Por coyunturas específicas se habla de momentos en los que los activistas y periodistas trabajaban con información que perjudicaba al gobierno, investigaciones que denunciaban irregularidades y anomalías en procesos de “investigación” o que apuntaban directamente a actores gubernamentales (como el ejército) en casos que no tenían ningún tipo de jurisdicción.
Conferencia de prensa #GobiernoEspía:
Es cierto, aunque originalmente esos sistemas de espionaje son vendidos con el objetivo de proteger la seguridad nacional y erradicar el terrorismo y el crimen organizado, la realidad es que tal y como lo apuntó una de las víctimas, Juan E. Pardinas, director del
Instituto Mexicano para la Competitividad, ellos son los nuevos enemigos del Estado, en una sociedad donde “la democracia ha sido erosionada”.
Con el hashtag #GobiernoEspía, los periodistas y activistas que fueron víctimas de espionaje pretenden hacer un llamado a la ciudadanía para ponerle un alto a esa red de intromisiones y de asechamiento, que hostiga precisamente a las personas que suman esfuerzos para desenterrar a México de la madriguera de corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
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