“La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando”, estas palabras fueron dichas por el presidente de México, Peña Nieto, apenas el 13 de enero haciendo alusión al retroceso de la industria petrolera en el país, algo que “obligó”, a impulsar el ajuste en el precio de las gasolinas este año, entre otras cosas.
En contraste con las palabras del mandatario, la compañía petrolera Corporación Nacional de Hidrocarburos (ENI por sus siglas en italiano) anunció que encontró una cantidad significativa de crudo en aguas del Golfo de México, siendo este el primer hallazgo petrolero que una empresa privada hace en México desde 1938, cuando el Gobierno nacionalizó el recurso.El pozo de firma italiana, llamado Amoca-2, forma parte de la segunda subasta energética que el Gobierno de México hizo en septiembre del 2015. El proyecto se encuentra a 1.200 kilómetros al occidente de Ciudad del Carmen (Campeche), la mayor urbe petrolera del país.
ENI es una empresa energética italiana que fue creada por el gobierno de Italia en 1953 como empresa pública, propiedad del Estado italiano y fue luego convertida en Sociedad Anónima en 1992. Su actual director general es Claudio Descalzi, un hombre de negocios que enfrenta acusaciones formales de corrupción tras una investigación sobre la compra irregular de una licencia petrolera en Nigeria.
Según un artículo del diario The Economist, en 2011 ENI y Royal Dutch Shell pagaron conjuntamente $ 1.300 millones de dólares por un enorme bloque de petróleo, conocido como OPL 245, que tiene más de nueve mil millones de barriles de reservas probables.
La problemática del OPL 245 comenzó en 1998, cuando el dictador nigeriano Sani Abacha adjudicó el bloque a Malabu Oil and Gas, propiedad secreta de Dan Etete, el propio ministro de petróleo de Abacha. Así, Etete se había dado la OPL 245 a sí mismo.
Pero después de caer el régimen de Abacha, el bloque fue tomado de Malabu y adjudicado a Shell. Esto desencadenó una serie de batallas legales entre Malabu, Shell y el gobierno nigeriano que terminó sólo con el acuerdo de Shell-ENI en 2011.
Documentos públicos muestran que los 1.300 millones de dólares que Shell y ENI pagaron al gobierno nigeriano por el acuerdo fueron, en realidad, pagados a Malabu. Ambas compañías sabían que este método de pago, a través de una cuenta creada por JP Morgan en Londres, infringía la Constitución nigeriana y que los fondos acabarían en manos privadas.
Las compañías siempre han insistido en que su trato era con el gobierno, no con Malabu, sin embargo, está claro que algunos ejecutivos sabían que era un asunto de dos partes en el que pagaban al gobierno, y el gobierno canalizó el dinero a Malabu.
El entonces procurador general de Nigeria ha descrito desde entonces el papel del gobierno como el de un “deudor” en una transacción entre una unidad de Shell, ENI y Malabu.
En enero, las autoridades nigerianas se apoderaron del bloque de petróleo de la OPL 245, calificándolo de “producto del delito”. La comisión anticorrupción del país alega que ENI y Shell “conspiraron” para enviar el pago como un “soborno”, y está solicitando cargos contra sus subsidiarias locales. Ellos niegan las acusaciones y han apelado contra la incautación.
ENI afirma que investigó el acuerdo y no encontró “pruebas de conducta corrupta en relación con la transacción”; Shell, por su parte, dice que sólo pagó al gobierno nigeriano, y que “no está de acuerdo con la premisa detrás de varios acuerdos públicos en relación con la OPL 245”.
Por su parte, los fiscales italianos solicitaron un juicio para varios altos ejecutivos de ENI —incluyendo el actual CEO, Claudio Descalzi, y su predecesor— así como Etete y varios otros.Las acusaciones son sobresalientes ya que los fiscales alegan que más de 500 millones de dólares terminaron en empresas de frente para Goodluck Jonathan, el entonces presidente de Nigeria, con 466 millones de dólares desviados a una cadena de oficinas de cambio.Pese a los escándalos de corrupción de la empresa italiana, el gobierno de México permitió a la transnacional participar en la subasta del primer bloque de la fase dos de la Ronda Uno, el cual ganó al proponer un Valor Ponderado de la Oferta (VPD) de 78.247 por ciento, es decir, la utilidad que recibirá el Estado. Hoy ya empieza a ver ganancias del petróleo obtenido en el país.
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