El último informe de Citizen Lab, publicado este lunes en su página de Internet, revela que la investigación internacional para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, a cargo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también fue blanco del espionaje orquestado por el gobierno mexicano.
Hace dos meses, el Instituto Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, informó que el gobierno mexicano compró el spyware Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a través de la empresa israelí NSO Group, para armar una red de espionaje electrónico en contra de activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos en general.
El informe más reciente del instituto revela que los miembros del GIEI también fueron blanco de espionaje durante las investigaciones iniciadas en el 2014, tras la desaparición de los normalistas y presuntamente, uno de los mensajes fue enviado desde el mismo número (55 52 89 94 27) que intentó infectar a la periodista Carmen Aristegui al menos tres veces el año pasado.
El rotativo estadounidense The New York Times aseguró este lunes que tener como blanco a los investigadores independientes del caso Ayotzinapa, afectó a oficiales internacionales que tenían “una suerte de inmunidad diplomática y acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático” en cuanto a la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país.
El expediente de los 43 normalistas, que todavía no se resuelve y que ha provocado una crisis de credibilidad, confianza e indignación que mancha el gobierno de Peña Nieto, posicionó a México en la mira internacional por las irregularidades presentadas durante la investigación, por lo que se solicitó la interferencia internacional.El Times también dio a conocer que los investigadores calificaron el espionaje como una “campaña de acoso e interferencia” que logró obstaculizar y cambiar el curso de la búsqueda de los estudiantes y de las averiguaciones para dar con los responsables.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había anunciado que algunos integrantes del GIEI pudieron haber sido espiados, pues recibieron mensajes de texto “diseñados para engañar al destinatario” y que hacían referencia a la supuesta muerte de un pariente a principios de marzo del año pasado, días antes de la publicación del informe final sobre las investigaciones que hicieron durante más de un año.
Esos mensajes incluían una URL y al darle clic, se producía la infección del teléfono celular con Pegasus, tal y como sucedió con el resto de los periodistas y activistas espiados que también venían acompañados por información “personalizada”. Cuando el malware se instala, se tiene acceso a la cámara, a los micrófonos, a las ubicaciones y a todo el contenido que reciben por mensajerías instantáneas.
Esto sugiere que el mismo operador, NSO Group, puede ser el responsable de los mensajes, pues “los señuelos son muy similares a los descritos en los últimos tres informes” y que revelaron que cada uno de los mensajes menciona la muerte de un pariente o “detalles de un servicio fúnebre”.
Sin Embargo revela que esa no es la única muestra de acoso a la que tuvieron que enfrentarse los miembros del GIEI, quienes durante sus investigaciones enfrentaron numerosas amenazas y hostigamiento, que terminaron con un enfrentamiento con la misma Procuraduría General de la República.
Incluso, en febrero del año pasado, los investigadores revelaron de forma pública que sus indagatorias habían sido obstruidas y “obstaculizadas” tanto por la PGR como por el Gobierno de México, a cargo de Enrique Peña Nieto. Precisamente una semana después de esas declaraciones, uno de los teléfonos celulares pertenecientes al grupo de expertos recibió el mensaje que pretendía infectarlo.
Aunque el informe de Citizen Lab no asegura que los intentos de espionaje fueron hechos por el Gobierno, sí se sabe que las agencias gubernamentales mexicanas compraron el software espía de NSO y que es de uso exclusivo del Gobierno. Asimismo, la vigilancia sólo puede ser realizada con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados.
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