El tema del lenguaje incluyente sigue despertando polémica allí donde se trate: no importa si es en la reunión con tus tías o en redes sociales, no faltan los dos bandos, aquellos que creen que es una tontería y aquellos que creen que el lenguaje es una representación del orden social y político por lo que cambiarlo sí tiene repercusiones significativas.
Sea como sea, el punto es que el lenguaje inclusivo ya llegó al gobierno de México, le pese a quien le pese.
¿Por?
Resulta que desde el 6 de febrero de 2019 todos las funcionarias y funcionarios del gobierno federal tienen la obligación de manejarse en todos los ámbitos con lenguaje “incluyente”, por lo que las comunicaciones institucionales tendrán que visibilizar a los dos sexos.
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Esto según el nuevo “Código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal”, que fue publicado el 5 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, según el cual las personas que trabajen o tengan un cargo en el gobierno o alguna de sus empresas productivas (como Pemex o CFE), están obligados a eliminar el lenguaje discriminatorio “basado en cualquier estereotipo de género”.
Igualdad e inclusión
De la misma manera, el Código de Ética les impone la obligación de fomentar una “cultura igualitaria e incluyente”, por lo que se quiere respetar la identidad y orientación sexual de todas las personas.
Un fin
Según la Secretaría de la Función Pública, todos estos cambios son para lograr la “institucionalización de la perspectiva de género en el servicio público”.
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Todo esto lo tienen que hacer con la población en general y en el trato con sus compañeras y compañeros de trabajo.
No es la primera administración donde se intenta aplicar algo semejante, sin embargo, cabe la duda legítima: ¿servirá de algo?
Lo que es un hecho es que en un país asolado por los feminicidios y la discriminación, el lenguaje inclusivo sólo tendría que ser uno de una serie de fuertes acciones llevadas a cabo para garantizar la seguridad y la vida digna de todas las personas.
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