México vive una guerra interna que ha durado poco más de diez años y ha dejado un saldo de más de 100 mil muertos y más de 30 mil personas desaparecidas, además de un entorno donde la violencia se ha normalizado y los militares transitan por las calles del país asumiendo labores policiacas, a pesar de que su actuar en este conflicto supuestamente sólo duraría hasta que los policías estatales y municipales se profesionalizaran y estuvieran capacitados para combatir el crimen de cada localidad.
Ahora los legisladores mexicanos tienen empantanada la Ley de Seguridad Interior, la cual pretende, lejos de regresar a los soldados a sus cuarteles, dotarlos de un marco jurídico que les dé armas para seguir en las calles y realizar tareas de seguridad pública, las cuales implican el uso de la fuerza pública cuando haya acontecimientos que “desestabilicen la paz social”.
El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong tiene un frente común con el secretario de Nacional, Salvador Cienfuegos, con el objetivo de que esta ley sea aprobada en la Cámara de Diputados y de Senadores.
Chong ha usado un discurso en el cual afirma que este marco jurídico evitará violaciones a los derechos humanos, porque limitaría sus funciones y los obligaría a usar la fuerza sólo en los casos que la Ley de Seguridad Interior lo permita; además no ha dudado en defender el actuar de los soldados frente a las voces críticas que afirman que su labor está generando más violencia.
Por su parte, Cienfuegos utiliza una estrategia diferente, la cual consiste en advertir que el gobierno mexicano y las autoridades estatales y municipales no han cumplido su parte de profesionalizar y limpiar a sus cuerpos policiacos, por lo cual son incapaces de combatir al crimen organizado, a diferencia de los militares, que son personas con “valores distintos” que fueron preparados para defender al país y a sus ciudadanos.
Este discurso lo han adoptado otros generales del ejército, quienes afirman que ellos serían felices y los primeros en pedir que los soldados regresen a sus cuarteles, porque no tienen algo que los ampare legalmente para hacer tareas de seguridad pública, sin embargo temen que las policías locales sigan siendo corrompibles y tengan a infiltrados en sus filas.
“Creo que las amenazas a la seguridad interior están vigentes todo el tiempo, tenemos una falta al no haber regulado desde hace mucho tiempo esta función del Estado mexicano y ahora el tiempo es el del poder legislativo”, dijo en entrevista para El Universal Alejandro Ramos Flores, general de brigada de Justicia Militar de la Secretaría de Defensa Nacional, quien también dijo estar preocupado porque la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior se quede estancada o se utilice como moneda de cambio en próximo proceso electoral que vivirá el país en junio de este año.
La presión militar existe, pero los legisladores no han cedido; la militarizaría aún más las calles del país y si no hay claridad en las formas ni motivos, la fuerza podría utilizarse en situaciones que vuelvan vulnerable a la población civil.
Además la Comisión Nacional de Derechos Humanos constantemente ha lanzado recomendaciones para que los militares moderen el uso de la fuerza y no repetir masacres como la de Tlatlaya, o acciones como rafaguear desde un helicóptero una zona donde habitan personas alejadas al crimen organizado, como ya ocurrió en Nayarit.
Desde el 11 de diciembre el gobierno mexicano, en ese entonces encabezado por el conservador Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra a los grupos de crimen organizado y cárteles de la droga; desde ese día los soldados salieron de sus cuarteles y emprendieron labores de seguridad interior, aunque para esas funciones existen policías municipales, estatales y federales.
En un principio se dijo que el Ejército y la Marina Armada de México sólo harían operativos complementarios para contener la violencia; después se dijo que los cuerpos policiacos estaban rebasados y necesitaban que la actuación de las fuerzas castrenses fuera más directo, para finalmente decir que los militares estarían en las calles, muchas veces sustituyendo a los policías, porque estos últimos estaban corrompidos y no tenían la capacidad de combatir un problema tan grave como el actuar a plena luz del día de los cárteles y brazos armados del crimen organizado.
Ahora, con el presidente Enrique Peña Nieto encabezando al gobierno del país, la situación no ha cambiado; las policías locales siguen sin ser profesionalizadas y el ejército sigue llegando a nuevos municipios para tomar las riendas de la seguridad pública, sin que haya intenciones reales de regresarlos a sus cuarteles, sin que haya investigaciones profundas ante los casos de asesinatos y ejecuciones a manos de los soldados y, contrario a eso, con la presión cada vez más fuerte para que se apruebe una ley que deja muchas dudas y amenaza con perpetuar un estado de guerra que vive México y no parece tener punto final.
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