El gobierno de Javier Milei volvió a generar indignación con su más reciente medida: un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que clasifica a personas con discapacidad intelectual con términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Sí, leíste bien. La Resolución 187/2025, firmada por el director del organismo, Diego Spagnuolo, ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, especialistas en discapacidad y sectores políticos opositores.
¿Javier Milei hizo qué?
El documento establece criterios para acceder a pensiones no contributivas y clasifica a las personas según su coeficiente intelectual (CI). Aquellos con un CI de 0 a 30 son categorizados como “idiotas”, quienes tienen entre 30 y 50 son considerados “imbéciles”, y los que están en el rango de 50 a 60 son clasificados como “débiles mentales profundos”.
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Además, vincula estas categorías con supuestas limitaciones funcionales, como la incapacidad para leer, manejar dinero o realizar tareas básicas.
Si esto te suena sacado de un manual médico del siglo XIX, es porque lo es. Esta terminología es obsoleta desde hace décadas y no solo contradice cualquier avance en derechos humanos, sino que también viola la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Argentina en 2008.
Tras el ataque inaceptable a la dignidad de tantas personas, el gobierno de Milei ha anunciado que dará marcha atrás.
Es una victoria, pero no podemos bajar la guardia. Hay quienes quieren hacernos retroceder más de 50 años. Frente a los reaccionarios, firmeza y más derechos. pic.twitter.com/T5ObqjLfXO
— Julen Bollain (@JulenBollain) February 27, 2025
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El escándalo no tardó en explotar. Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) condenaron el documento, señalando que refuerza estereotipos y atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad.
Tras la ola de críticas, la ANDIS intentó justificarse, asegurando que el uso de estos términos no tenía “ninguna intención discriminatoria” y que se trataba de un “error” al emplear una terminología anticuada. ¿Error? ¿En 2025?
Según el comunicado, la resolución será modificada en las próximas semanas para alinearse con estándares médicos actuales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Sin embargo, hasta ahora, el documento sigue vigente.
¿Y ahora qué?
El gobierno de Milei sigue defendiendo sus medidas bajo el lema de “eficiencia estatal”, pero esta resolución ha sido vista como un retroceso en derechos humanos y un insulto a la dignidad de miles de personas.
Mientras esperamos la supuesta corrección del documento, la gran pregunta es: ¿cómo es posible que alguien en una oficina gubernamental haya pensado que este lenguaje era aceptable?
Argentina está viviendo cambios drásticos bajo Milei, pero este no es el “cambio” que nadie pidió.
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