Por: Daniel Alonso Rodríguez
El pasado 23 de enero, la fiscalía de Tamaulipas, fronterizo con Texas, informó que dentro de un vehículo incendiado se hallaron los restos calcinados de 19 personas, que se presume en su mayoría sean migrantes de Guatemala que buscaban llegar a Estados Unidos.
Para el 26 de enero, diversas organizaciones presentaron una denuncia para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva de los hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Tamaulipas. Asimismo, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Búsqueda en México.
A partir de que se dieron a conocer los hechos, autoridades de Guatemala, medios de comunicación mexicanos y guatemaltecos y redes sociales informaron que las víctimas probablemente serían oriundas de Comitancillo, San Marcos, Guatemala.
Si bien, México vislumbra no obstante una buena relación con el Gobierno de Biden, quien, según el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a apoyar un plan de atención social en Centroamérica para frenar la migración ilegal.
Los hechos ocurridos en Tamaulipas implican violaciones graves a derechos humanos, en principio por la falta de prevención del Estado mexicano, al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas previamente en esa misma zona fronteriza.
Asimismo, se pone en evidencia la falta de diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura como lo señala el Pacto Global de Migración, el cual ha sido promovido por México a nivel mundial pero incumplido en su propio territorio.
Estos hechos lastiman profundamente no solo a las víctimas directas y sus familias sino a la sociedad en su conjunto, tanto en México como en los países de origen de las víctimas, contribuyendo al deterioro del tejido social de la región.
La tolerancia de estos aberrantes crímenes demuestra la nula protección de la población migrante en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de violencia, desapariciones y ejecuciones que impera en el país y particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial ya que son rutas de tráfico de personas que les reportan múltiples ganancias.
Exigimos justicia, la no impunidad y pronta respuesta por parte de las autoridades mexicanas, tanto en cuatro masacres de personas migrantes previas ocurridas en Tamaulipas y otros estados fronterizos, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012 y la masacre de Guemez de 2014.
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*Las columnas de opinión de Cultura Colectiva reflejan sólo el punto de vista del autor.
